Además de la pensión vitalicia que se autoconcedió la exdirectora general de la CAM, al menos otros cinco miembros de la cúpula directiva se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones a cargo de la caja. Así aparece en la carta de despido que recibió Amorós y de la que se ha hecho eco el diario Expansión, que apunta que los ejecutivos que también se concedieron retiros dorados son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).

Contabilidad errónea de los 15,5 millones
Cuatro de los cinco ejecutivos se acogieron a las jubilaciones anticipadas el pasado febrero, mientras se negociaba la finalmente malograda fusión con Cajastur. Llorca se acogió justo el día de la intervención, el pasado mes de agosto, es decir, apenas unas horas antes de que los gestores del Banco de España entraran a poner orden en la entidad. Los nuevos gestores consideran que esos 15,5 millones de euros para prejubilaciones se contabilizaron erróneamente como provisiones y no como gastos, y son uno de los factores que explican que la CAM perdiera en el primer semestre del año 1.136 millones de euros cuando apenas tres meses los exdirectivos declaraban un beneficio de 39,8 millones.

Posible vía penal
El diario alicantino La Información apunta que los nuevos gestores estudian posibles acciones legales contra el exdirector general López Abad, que precedió en el cargo a Amorós hasta noviembre de 2010, para exigirle la devolución de los 3,8 millones de euros de indemnización que cobró al prejubilarse y también su plan de pensiones. Así, podrían recurrir a la vía penal independientemente del expediente de investigación abierto por el Banco de España. Las sanciones podrían extenderse a otros directivos de la compañía.

Para el Gobierno del PP el problema era el Banco de España
Antes de que Miguel Ángel Fernández Ordoñez se viera obligado a intervenir la CAM ante el riego en su viabilidad y aunque los problemas eran cada vez más preocupantes, la Generalitat valenciana echaba balones fuera sobre los gestores -controlados políticamente por el PP- y culpaba precisamente al regulador de la mala situación. Así, el expresidente Francisco Camps decía en marzo, apenas unos días después de que la CAM ratificara las cuentas que ahora son tachadas de fraudulentas, que “cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier perjuicio que puedan tener las cajas de ahorro son única y exclusivamente responsabilidad del Banco de España, de su gobernador y de quienes durante estos años tenían que haber tomado las decisiones que se tenían que haber tomado". Por su parte, al llegar al cargo, el actual presidente Alberto Fabra reclamó "que no se pierda el espíritu de las Cajas de ahorro", aludiendo a una labor "próxima" y "cercana" a las necesidades de financiación de particulares y pymes.