El caso del Banco Popular que se intervino en junio de 2017 por el BCE, intervención en la que se fijó simultáneamente su venta a Banco Santander por un simbólico euro, sigue siendo un caso único en Europa. Con ella, se estrenaron las  nuevas normas tras la integración bancaria europea lo que llevó a los accionistas y a gran parte de la deuda subordinada a perderlo todo. Nunca en España se había vivido una situación igual en la que los ahorradores se quedasen sin un euro. En aquellos días que recuerdo perfectamente al frente de una redacción,  había un cierto orgullo por parte de las autoridades europeas para los que el Popular era como un gran ensayo. Había cierta alegría y excitación, como la del científico loco que por fin pone a prueba su última ocurrencia.

El caso Popular sigue en la Audiencia Nacional y entre marzo y abril el juez Calama ha llamado a declarar a los altos cargos administrativos, como el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella, así como a su predecesora en el cargo, Elisa Rodríguez. Así como al actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos que era entonces ministro de Economía y al anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde. En este otoño han pasado por el juez consejeros y directivos del antiguo Popular con un denominador común en las preguntas sobre si había interesados dentro de la propia casa en sabotear la entidad financiera, históricamente vinculada al Opus Dei.

Y es que a la filtración de mensajes negativos sobre la marcha de la entidad por parte del Consejo de Administración se sumaba la del propio presidente, Emilio Saracho, (sustituto de emergencia de Ángel Ron). Además se conoció que días antes de la intervención empresas públicas y administración pública habían retirado sus dineros del Banco Popular, forzando la crisis de liquidez que fue el argumento utilizado para la intervención. Nunca se habló de quiebra sino de incapacidad para poder abrir las ventanillas a los clientes ante la falta de dinero disponible.

Desde la crisis de 2007, sesenta bancos y cajas europeas han sido intervenidos, pero siempre por sus bancos centrales, destacando España con 11 seguido por Dinamarca con 9 e Irlanda con 6. Pero el Popular sigue siendo único porque la intervención partió del BCE.

Esta semana nos hemos levantado con el Banco de Italia interviniendo el Popolare de Bari, mediante una inyección de 900 millones de euros. Al igual que el Popular hispánico su problema era de liquidez y con celeridad se le ha enchufado la manguera para que pueda seguir operando. En 2017 ya con todos los mecanismos europeos en marcha, el Gobierno italiano también salió al rescate del Monte Dei Paschi di Siena. En ambas jugadas, aunque habrá sido informado el BCE, éste no ha sido el que ha aplicado la intervención europea que basa su esquema en que no se dé dinero público a las entidades, sin que previamente hayan pagado los accionistas o aquellos que tienen bonos subordinados con riesgo similar al del capital. Luego se iría a por los depositantes que excedan los 100.000 euros en depósitos, ya que hasta esa cifra existe garantía.

El de esta semana ha sido un nuevo ejemplo para aquellos que alientan sospechas sobre la desaparición del Banco Popular, ahora en la órbita de Banco Santander. Con una banca europea –no hay que olvidar el caso del gigante alemán Deutsche Bank en continuo estado de pérdidas- con problema de capital y solvencia, los únicos que han pagado el pato han sido los accionistas del Banco Popular.

Habrá que esperar al desarrollo de proceso judicial que se espera largo y tedioso para saber si realmente a Popular no le quedaron otras opciones. Mientras tanto, otros países como Italia hacen lo que les viene en gana con sus bancos sin atenerse a las directrices europeas. Por si acaso, si es tan afortunado de tener más de 100.000 euros ahorrados, no se olvide de distribuirlo en varias entidades financieras porque el BCE ya le asignó un papel de pagano en las crisis bancarias.