El Gobierno ha aprobado este viernes el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado especialmente para ello. Así, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, han explicado en rueda de prensa los detalles de la nueva medida.

Por un lado, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda ha asegurado que es un “paso contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país y en favor de la igualdad de oportunidades y de la justicia social”, que ya estaba previsto en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, especialmente para reducir la pobreza infantil.

Montero afirma que es la creación de una “red de seguridad” para proteger a los colectivos más vulnerables, así como la creación de un “nuevo derecho de ciudadanía”. El Ingreso Mínimo Vital permitirá ofrecer las herramientas básicas para los más pequeños, según la ministra, ya que “no hay mejor inversión posible que invertir en nuestra infancia y juventud”.

Por su parte, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha calificado la medida como “un nuevo derecho social en España”. En concreto, “el mayor avance en derechos sociales en España desde la ley de dependencia en 2006”, en palabras de Iglesias, que ha puesto en relieve que la crisis del coronavirus ha intensificado la urgencia del problema.

El vicepresidente ha explicado que “no es una medida coyuntural, sino estructural” y ha detallado los principales aspectos de la medida. Se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social, “disponible para todo aquel que lo necesite”, ha afirmado Iglesias.

Carácter retroactivo desde el 1 de junio

En cuanto a la entrada en vigor, a partir del 1 de junio se concederá de forma inmediata a aquellas personas que ya estén recibiendo una prestación por hijo a cargo, tal y como ha anunciado Pablo Iglesias. Para el resto, se podrá solicitar desde el 15 de junio. En este caso, todas las solicitudes desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se podrán recibir con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

No es una prestación fija, sino que será la diferencia entre los ingresos mensuales y la renta garantizada en cada caso, que irá desde los 462 euros para una persona sola hasta los 1.015 euros máximos, según las circunstancias de los hogares. Además, será una medida compatible con los ingresos laborales y con las prestaciones de las comunidades autónomas.

Estos matices permiten ampliar la medida a una mayor parte de la población y, tal y como ha anunciado Iglesias, “se incentivará a las personas que reciban la prestación a tener ingresos laborales”. Esto se hará con estímulo específico similar al de País Vasco y Navarra, “si una persona que recibe la prestación aumenta sus ingresos laborales, una parte de los ingresos no computará”, ha explicado el vicepresidente.

Por otro lado, la prestación estará disponible para las edades comprendidas entre los 23 y los 65 años o incluso desde los 18 años si hay menores a cargo que lleven un año de residencia legal en España. La medida tendrá excepciones para víctimas de trata, explotación sexual o víctimas de violencia de género.

Para hacer frente a la crisis del coronavirus, no solo se valorará que los ingresos totales del año anterior sean inferiores a la renta garantizada anual para optar por la prestación; sino también en lo que llevamos de año en el caso de que estuvieran por debajo del mínimo a nivel anual. El límite para el patrimonio estará en el mínimo de 16.614 euros para una persona que viva sola e irá aumentado en cada miembro hasta 43.196 euros, restando deudas y la vivienda habitual. 

Simplificación de los trámites

La Seguridad Social ha anunciado la intención de simplificar los trámites y, tal y como han explicado, la persona interesada podrá realizar la solicitud, preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Para ello solo necesitará documentos que acrediten la edad y el tiempo de residencia legal en España. Se trata de “simplificar al máximo los trámites necesarios para evitar un laberinto burocrático”, según Iglesias.

A partir de aquí, el control será de la Seguridad Social, que comprobará de manera regular que el hogar sigue necesitando la prestación. Además, las personas deberán comunicar cualquier cambio en los 30 días posteriores.

Para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es “el instrumento más potente que existe para redistribuir renta con foco particular en la pobreza extrema” y ha cifrado en una reducción del 80% para los ciudadanos que se encuentran en “pobreza extrema”.

Escrivá ha explicado que hay más de 1 millón de personas en situación de pobreza extrema y 550.000 personas en niveles de pobreza “muy alta”, que también se reducirá en un 60%. En esta línea, ha destacado que tendrá efectos específicos en los hogares monoparentales, con una reducción de la pobreza extrema del 90%.

De cara a la gestión, ha avanzado que se hará con la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos para lograr una política de inclusión adecuada mediante una Comisión de Seguimiento. En esta línea, Escrivá ha anunciado la creación del Sello Social para empresas que ayuden en materia de trabajo o ayudas al consumo.