El Gobierno ha firmado con Bruselas la ampliación del cómputo de las pensiones como uno de los requisitos para poder recibir los fondos europeos de recuperación Next Generation UE. La medida ya figuraba en los primeros borradores presentados a la Comisión Europea y ahora ha quedado ratificado en el documento final, desvelado este miércoles por la autoridad comunitaria.
Así, según el documento, se fija para finales de 2022 la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”, como parte del contrato de implementación del plan de recuperación español. El documento recoge también el compromiso de aumentar las bases máximas de cotización y, de forma progresiva, las pensiones máximas.
Otro de los puntos clave del compromiso con Europa es la derogación del factor de sostenibilidad del Partido Popular para ser sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional propuesto por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que actualmente está en negociaciones con los agentes sociales para asegurar la viabilidad del sistema para las nuevas generaciones.
El contrato que el Gobierno ha ratificado con la Comisión Europea es un documento habitual en el momento en el que se entregan fondos económicos a los Estados miembros, con detalles sobre el destino de esta financiación y las medidas que se llevarán a cabo. Además, el cumplimiento de las metas y las medidas pactadas en el documento son requisitos para que se vayan aprobando las dotaciones económicas.
70.000 millones en subvenciones a fondo perdido
España recibirá casi 70.000 millones de euros en subvenciones públicas, a fondo perdido, procedentes de la Unión Europea -una de las mayores dotaciones de los Estados miembros- para avanzar en la recuperación económica tras la pandemia y además, cumplir con los cuatro pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial e igualdad de género.
A pesar de que estos documentos no suelen salir a la luz, la Comisión Europea ha publicado en esta ocasión el documento completo en la tarde del miércoles, con 346 páginas en las que se ratifica el acuerdo entre Bruselas y el Gobierno y donde se detallan todas las reformas y sus plazos a las que se compromete España.
Como era de esperar, las protagonistas del amplio documento son las tres reformas pendientes, decisivas para el futuro de la economía española: la laboral, la de pensiones y la fiscal.
En el caso de la reforma de pensiones, en un principio aparecía en un anexo a la decisión del Consejo Europeo pero ya ha pasado a ser un acuerdo formal ratificado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por parte de Bruselas, y por la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero.
La propuesta de Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha avanzado en varias ocasiones su intención de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones de jubilación, es decir, alargar la vida laboral de los españoles.
Esto provocó un fuerte enfrentamiento en el primer momento entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ya que aparentemente se filtró el documento que manejaba el departamento de Escrivá para aumentar el periodo de cómputo de pensiones desde los 25 hasta los 35 años cotizados. El ministro ya se había mostrado favorable a esta medida durante su presidencia en la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La propuesta de la AIReF pasa porque el número de años para calcular la pensión de los actuales trabajadores vaya subiendo de forma paulatina de los últimos 15 años cotizados por el trabajador hasta los últimos 25 años entre 2013 y 2022. El compromiso con Bruselas supone continuar con este aumento el próximo año aunque sin avanzar una cifra concreta.
Aumentar el periodo de cómputo de las pensiones podría afectar de forma negativa para la mayoría de los trabajadores, ya que supondría una rebaja de la pensión a la hora de jubilarse. En los borradores que manejaba la Seguridad Social hace aproximadamente un año, se estimaba una rebaja de la cuantía de entre el 4,5% y el 3,9% de la pensión, mientras que la reducción sería del 6,3% en caso de llegar hasta los 35 años. Una de las principales críticas que surgieron desde la parte de Unidas Podemos del Gobierno.
No obstante, este impacto negativo podría frenarse con otras de las medidas que anunció después el ministro Escrivá como puede ser la elección de los mejores años de cotización para calcular la pensión de jubilación final o bien rellenar las lagunas de cotización.
