El Gobierno ha ratificado, y hecho público, el acuerdo con la Comisión Europea para el reparto de los fondos Next Generation UE con todas las reformas y plazos a los que se compromete para poder recibir los casi 70.000 euros en subvenciones a fondo perdido. El documento está centrado en tres reformas clave, de plena actualidad, como son la reforma de las pensiones, del mercado laboral y de la fiscalidad.
En medio de la negociación de la reforma laboral entre Gobierno y agentes sociales, el documento incluye un requisito clave que determinará el envío de las siguientes dotaciones: la simplificación de contratos antes de que termine el año. El acuerdo incluye compromisos hasta 2026 pero centra sus esfuerzos en esta legislatura. Así, pide que la simplificación de contratos prevista en la reforma laboral quede aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que termine este 2021, es decir en menos de dos meses.
La simplificación de contratos es algo que ya se ha planteado en las negociaciones con sindicatos y patronal y supone reducir el número total de contratos a tres modalidades: indefinidos, temporales y de formación. Asimismo, el documento contempla la mejora del modelo de negociación colectiva, la regulación de las subcontratas, la actualización del Estatuto de los Trabajadores y el diseño de los nuevos ERTE, estrechamente relacionados con la formación. Todo ello debe estar publicado en el BOE antes de final de año para continuar recibiendo pagas, según el compromiso de las partes.
Sin embargo, matiza que tendrá que hacerse siempre “respetando el diálogo social” y buscando una forma de equilibrio “entre la flexibilidad y la seguridad del mercado de trabajo”, tal y como reza el documento desvelado por Bruselas. En el caso de los ERTE tras la pandemia -una propuesta que han rechazado inicialmente patronal y sindicatos- la Comisión Europea pide un informe previo que garantice la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo.
Mejora de los programas de empleo
Por otro lado, la Comisión Europea plantea ambiciosos objetivos para los programas de empleo comprometidos con España. En cifras, prevé que el programa de empleo juvenil se complete con 18.300 trabajadores y el de mujeres del ámbito rural con 23.200 empleados, con un plazo límite para ambas en 2025. Asimismo, reclama formación en las áreas verde y digital para un total de 825.000 trabajadores antes de 2026.
El documento ha sido ratificado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, y abre la puerta a que España pueda solicitar en los próximos días el primer pago oficial, consistente en 10.000 millones de euros, tras el adelanto aprobado en verano de 9.036 millones de euros.
Además de estos requisitos en la reforma laboral, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a ampliar el periodo de cómputo de las pensiones. Una medida que ya se avanzaba en los borradores anteriores -y que el propio ministro Escrivá había dejado entrever- y que ahora se ratifica para asegurar la viabilidad del sistema para las nuevas generaciones.
Reforma fiscal: a la espera del dictamen del comité de expertos
En cuanto a la reforma fiscal, la Comisión Europea ha aceptado esperar hasta tener delante el dictamen del comité de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, reclama por el momento la entrada en vigor de una batería de medidas para el comienzo de 2023 que acerque el peso de la recaudación sobre el PIB a la media europea. El documento menciona, de forma expresa, cambios en impuestos como el IRPF, Sociedades, fiscalidad ambiental o digital, así como la armonización de la fiscalidad sobre el patrimonio.
También en materia fiscal reclama ampliar la asistencia telemática a todo tipo de contribuyentes y, relacionado con el mercado laboral, reforzar el personal de la Agencia Tributaria, llegando a los 26.390 trabajadores desde los 25.320 actuales y aumentar también el número de inspectores, desde los 5.743 hasta los 6.591.
El documento incluye otros puntos clave sobre las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y los protocolos de intercambios de información para el cumplimiento de objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con sus cuatro ejes principales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
España ha sido el primer país de la Unión Europea que logra consensuar su compromiso con Bruselas por lo que también podría ser el primero en recibir el pago de 10.000 millones de euros de fondos europeos, tal y como ya ocurrió con el primer anticipo. Con respecto a las reuniones previstas, Gobierno y Bruselas realizarán intercambios trimestrales de información para comprobar los avances y decidir el calendario de pagos.
