Los sindicatos - CCOO, UGT- CEOE y Cepyme han trasladado este miércoles al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado el mismo sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales. Es decir, el llamado 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo' permitirá a las empresas reducir la jornada de los trabajadores o suspender los contratos durante un tiempo manteniendo los beneficios en cotizaciones y prestaciones, siempre que se cumplan las circunstancias. 

Según fuentes sindicales, los agentes sociales se han opuesto de forma unánime a la propuesta: "Le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso sólo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo", indican fuentes de UGT. De hecho desde el mismo sindicato que ha solicitado al Ejecutivo una mayor intervención y seguimiento de las organizaciones sindicales tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución, aunque ve adecuado trasladar a la legislación laboral ordinaria un diseño similar al de los ERTE del coronavirus. 

"Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido. Nos oponemos a que esto pudiera ser una antesala del despido. Ante procesos de reconversión generalizada, las decisiones del Consejo de Ministros deberían venir acompañadas de un proceso previo de negociación, en el que estemos los agentes sociales", hace hincapié UGT. 

La patronal también se opone

Por su parte, la CEOE ha señalado que la propuesta del Gobierno es "más restrictiva, más intervencionista" y sobre todo, más cara para las empresas. "Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social", admite. Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha expresado este miércoles su sorpresa porque esta propuesta procediera precisamente por parte del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. "Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la 'flexiseguridad' para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar". Además, Garamendi ha criticado que se trata de un documento "faragoso" de unas 30 páginas que les fue enviado por el Ejecutivo el pasado sábado. 

La propuesta del Gobierno

El Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, es decir, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización. El Ministerio de Asuntos Económicos asegura que se establecerán los "parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores". 

Además, el Gobierno, también plantea que el Mecanismo RED tenga una duración máxima de doce meses en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas y de seis meses en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. Podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.

En el escenario del Mecanismo RED por causas estructurales, el Gobierno plantea incorporar un plan de recolocación para los afectados que tendría que incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo. Las empresas que contraten a trabajadores afectados por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por un periodo de 6 meses.

La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, según la propuesta. Mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extraordinarias, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.

El Gobierno plantea también que las empresas autorizadas a aplicar un Mecanismo RED podrían beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones y podrán recibir al mismo tiempo un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, que irá desde los 320 euros por persona a 425 euros, en función del número de trabajadores.

Por otro lado, los trabajadores afectados por un Mecanismo RED tendrían derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial. El tiempo de percepción no se consideraría como consumido para la protección por desempleo, aunque no tendría la consideración de periodo cotizado.

En definitiva, la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, implica la creación de un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, al estilo del Fondo de Reserva de las pensione, cuyo objetivo sería el de atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores; exenciones de cuotas empresariales y gastos de formación derivadas de las dos nuevas modalidades de ERTE. 

¿Y los autónomos?

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha rechazado este miércoles la modificación de los ERTE planteada por el Gobierno, por "farragosa e intervencionista" expresando de forma popular que:  "La vaca no da más leche".

Además, ha recordado que la última propuesta de modificación de los ERTE, tiene en el mes de febrero su "fecha de caducidad". "El Gobierno nos ha mandado un documento farragoso de casi 30 páginas que, desde nuestro punto de vista, es intervencionista, aumenta los costes a la empresa y, desde luego, vamos a decir que no a ese documento, una enmienda a la totalidad", asegura Amor, que insiste en que van a permanecer en la mesa de negociación "siempre que el Gobierno esté dispuesto a cumplir los objetivos que Bruselas ha puesto encima de la mesa" para "mejorar" una reforma laboral. 

En este punto ATA ha señalado que, el problema no está en el sector privado, sino en el público: "Estamos de acuerdo en que hay que reducir la temporalidad en España, estamos de acuerdo en buscar mecanismos para reducirla pero quizás, por donde hay que empezar no es por el sector privado, hay que hacerlo por el público. Hoy tenemos personas interinas que empiezan a trabajar en el sector público y se jubilan siendo interinas". 

También ha solicitado que no se confunda "temporalidad con precariedad" y ha defendido la existencia de este tipo de contratos. "Yo puedo contratar para la temporada de esquí de Sierra Nevada durante tres meses a un trabajador y podrá ser temporal, pero no tiene por qué ser precario", explica Amor. 

En cuanto a la subida de cotizaciones para mantener las pensiones, Amor considera que "no es el momento". "Los autónomos y las empresas cada vez están más asfixiadas" y ha mostrado su disposición a buscar mecanismos para hacer "sostenibles" las pensiones. "Somos el cuarto país de Europa que más pagamos en cotizaciones sociales. Las cotizaciones son un 30% superiores al de la media de la Unión Europea y eso nos resta competitividad. No podemos seguir poniéndole zancadillas y el pie en el cuello al empresario porque la vaca no da más leche", afirma el presidente de ATA.