La supervivencia del conjunto de ayudas fiscales contempladas en los paquetes anticrisis se está convirtiendo en un culebrón. La fecha de expiración, 31 de diciembre, se aproxima y sin un nuevo Gobierno conformado nadie quiere avanzar cuál será la decisión que finalmente se tomará. Lo que parecía que sería una decisión del próximo Ejecutivo se está tornando un ámbito más de la negociación de la Investidura, mientras desde Bruselas aprietan para la retirada de las bonificaciones y el Gabinete en funciones se hace el remolón.

Las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) volverán a activarse el próximo año, después de cuatro años de tregua por el contexto internacional. Los Veintisiete, algunos más que otros, deberán apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit (3%) y deuda pública (60%) y grandes partidas como las destinadas por España a cubrir las reducciones fiscales suponen un gran volumen de gasto. Así lo recoge el Plan Presupuestario 2024 que el Gobierno remitió a la Comisión Europea el pasado domingo.

Casi 5.000 millones de euros más ingresaría las arcas del Estado si decayesen los beneficios fiscales contemplados para los alimentos y la energía. Organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las instituciones europeas apuestan por dejar morir el escudo anticrisis para poder cumplir los objetivos fiscales pactados. No obstante, el Ejecutivo está meditando si ampliarlo una vez más, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, contra las recomendaciones de halcones y expertos.

Las cuentas nacionales y su ajuste a los parámetros pactados con Bruselas son aspectos vitales para la buena marcha de un nuevo Gobierno, más con el despliegue de los fondos europeos, supeditados a cumplimientos de hitos y objetivos. Así, múltiples son las ayudas que podrían decaer. La eliminación de la rebaja del 5% en el IVA de la electricidad reportaría 1.016 millones de euros extra al Estado. La reducción del mismo porcentaje de IVA al gas, la madera y los pellets sumaría otros 397 millones y la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% añadiría otros 1.032 millones.

Acabar con las deducciones del impuesto sobre el valor de la producción de energía sumaría otros 1.100 millones. En materia de alimentos, acabar con el IVA a tipo cero de los alimentos que componen la cesta básica y con la bajada al 5% de aceites, grasas y pastas elevaría los ingresos en 1.350 millones de euros. En suma, la desaparición de estas ayudas fiscales reportaría a las cuentas estatales 4.895 millones de euros que ayudarían a dar cumplimiento a los objetivos de déficit y deuda al reducirse notablemente el gasto.

¿Y los hogares?

Sin embargo, más allá de la macroeconomía, lo cierto es que el escudo anticrisis prorrogado y ampliado por el Ejecutivo hasta en seis ocasiones beneficia a millones de hogares. Millones de familias que, de no ser por estas medidas, lo habrían pasado aún peor durante estos años convulsos. Las medidas excepcionales, como su propio nombre indica, no pueden perdurar de por vida; pero la realidad económica, si bien no tan extrema, no ha mejorado en demasía para las familias más vulnerables.

La vivienda, tanto para comprar como para alquilar, sigue siendo inasumible; el precio de la cesta de la compra sigue sin aliviarse y, sea por el precio de los carburantes, la sequía o cualquier otro argumento de los grandes supermercados, no parece que vaya a hacerlo pronto; los salarios siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido estos años y el invierno se acerca con un encarecimiento de los carburantes y la energía bajo el brazo.

El Gobierno todavía en funciones se cubre alegando su condición y no anticipa lo que hará un futurible nuevo equipo. Así lo recoge el plan remitido a Bruselas, que señala que la decisión deberá contemplarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, si el tiempo lo permite, deberán elaborar el nuevo equipo de Gobierno y aprobar el nuevo Parlamento. "El Gobierno adoptará las medidas que corresponda, en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía", ha aclarado el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés.

En la misma línea, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones ha negado que esté ya tomada la decisión y ha asegurado que el reflejo en el documento del cálculo de lo que supondría el decaimiento del escudo se debe a la falta de unas nuevas cuentas. "Cuando un gobierno está en funciones no puede tomar políticas de decisiones, por lo que hay que esperar a un nuevo gobierno para que realmente pueda diseñar esas políticas", ha confesado.

El Gobierno da largas, los socios presionan para prorrogar las máximas ayudas anticrisis posibles y desde los despachos europeos llaman a cumplir con la fiscalidad. Mientras, los hogares continúan haciendo malabares para llegar a fin de mes, a la espera de que se aborden problemáticas como la de los alimentos o la vivienda, que requieren de mucha más acción que una reducción de IVA.

La desaparición de las medidas excepcionales parece más cercana al abordaje de estas problemáticas, pero habrá que esperar, contemplando una falsa disyuntiva. Este Gobierno ha acometido una reducción del déficit y la deuda récord, mientras emitía el mayor gasto social de la historia para compensar las crisis. Este Ejecutido ha conseguido compaginar ambos aspectos, razón por la que cualquier solución intermedia, alejada de la eliminación o el mantenimiento total del escudo anticrisis, podría emanar del nuevo Consejo de Ministros.