El final de 2023 se aproxima y con el muchas de las fechas marcadas en el calendario europeo. Han sido varios años de suspensión de las reglas fiscales para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y, posteriormente, de la guerra de Ucrania. La aparición de 2024 traerá aparejada la recuperación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde quedan reflejados lo horizontes de reducción de deuda y déficit comunitarios. Los anteriores parámetros eran muy estrictos, pero los Veintisiete no consiguen ponerse de acuerdo en un nuevos, todo ello con la mediación española.

España se posiciona con los países del sur, pero debe actuar como mediador de las negociaciones al ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta es una labor muy compleja en materia fiscal, aspecto en el que no suelen ponerse nunca de acuerdo los diferentes países y suele imperar la visión estricta de los frugales. Estos pretenden establecer unas reglas severas, que no permitan a los países salirse ni un milímetro de la línea, algo que se ha producido sistemáticamente en los cursos pasados debido a lo férreo de las normas.

En sentido opuesto, países como Francia o Italia proponen dar margen a ciertas inversiones, englobadas en los planes de recuperación nacionales o destinadas a sectores estratégicos. La propuesta de la presidencia española va en este sentido, contemplando que los gastos contemplados en estos planes puedan ser deducidos de las sendas de ajuste. Los frugales, capitaneadas por los bávaros, no tienen ninguna intención de permitir esta derivada. Estos quieren un porcentaje medio de reducción, supervisado externamente y evitando que la Comisión desarrolle sus habituales encajes a medida.

Así, este lunes los Veintisiete se enfrentan a una negociación “difícil”, de la que no parece que vaya a emanar un acuerdo. Los ministros de Economía y Energía europeos se encuentran en Luxemburgo, donde mantendrán una serie de reuniones este lunes y martes. Conscientes de la "urgencia" del pacto, que se comprometieron a alcanzar antes de final de año para que las nuevas normas sean aplicables a partir de 2024, fuentes diplomáticas han asegurado que los Veintisiete trabajan centrados en establecer un buen conjunto de normas, pero apuntan a la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de noviembre como una fecha "más realista".

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, esperaba poder presentar una propuesta en la segunda jornada de estos encuentros, pero parece que deberá esperar a que los ministros europeos tengan más encuentros. "Es una tarea ingente", han incidido fuentes involucradas en la negociación, que se remiten también a futuras reuniones para resolver los flecos del acuerdo, mientras piden que Luxemburgo se centre en el debate sobre las posibles zonas de aterrizaje y el abordaje de cuestiones todavía "controvertidas", como los parámetros comunes y las salvaguardias, principales escollos de la negociación.

Los diferentes planteamientos, que han revivido el habitual enfrentamiento norte-sur de la UE, están complicando la definición de unas reglas que vuelvan a operar después de cuatro años de margen. Las exigencias de reducción persiguen un déficit público por debajo del 3% del PIB y una deuda pública por debajo del 60%, pero contemplando sendas de gasto por país y más flexibilidades nacionales que eviten los problemas del anterior marco, del que todos los países concluyen que “ya no funciona”.

Además, en esta ocasión se reedita una de las fricciones más complejas de la Unión. Los dos pesos pesados, Francia y Alemania, no coinciden, por lo que resulta muy complejo que cualquiera de los dos contendientes consiga puentear la posición vecina. Las discusiones entre bávaros y galos serán “críticas” de cara a que se alcance un acuerdo y, para ello, la mediación española es vital. Tras estos dos capitanes se alinean el resto de países, conformando dos bloques que no pretenden ceder.

España confía en cumplir sus objetivos

Mientras se ubican las posiciones y comienzan las discusiones a este respecto, España tiene claro que dará cumplimiento a los objetivos comprometidos con Bruselas y que ha confirmado en su Plan Presupuestario para el curso que viene que ha remitido a la Comisión Euripea. Así, el documento enviado contempla el objetivo de reducir el déficit al 3% en 2024, lo que supone una disminución de más de siete puntos porcentuales en cuatro años. Lo mismo sucede con la deuda pública, para la que también se contempla una fuerte reducción.

“La buena marcha de la economía”, detalla el texto, permitirá reducir la ratio deuda sobre el PIB hasta el 108,1% ya en 2023, adelantando en un año el objetivo de situarla por debajo del 110%. El próximo año continuará reduciéndose hasta el 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.