María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, que previsiblemente repetirá cartera si la investidura de Pedro Sánchez sale adelante, continúa centrada en conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, evitando tener que prorrogar los de este año. Este aspecto se ha convertido en determinante para el actual Ejecutivo en funciones y ha irrumpido en las negociaciones que actualmente se desarrollan de cara a una posible reedición del Gobierno progresista. Los tiempos son apretados y nunca se ha conseguido con tan poco margen un acuerdo para las cuentas nacionales, pero Montero no tira la toalla.

"Nuestra idea es llegar lo antes posible”, ha confirmado la líder de la cartera de Hacienda, que ha reconocido que “es evidente que habrá cierto decalaje respecto al calendario de años anteriores”. No obstante, esto no preocupa a la socialista, que ha trasladado que “con tal de que se apruebe en la proximidad de los próximos días de enero, no hay ningún problema con que tengan carácter retroactivo”. "Contamos con tener cuentas nuevas para 2024, pero tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores", ha añadido.

Efectivamente, los elementos son muchos, entre ellos conseguir reunir los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas. Además, a pesar de que del tándem PSOE-Sumar reuniesen los apoyos necesarios en el Congreso, entre independentistas catalanes y vascos, para obtener más síes que noes, posteriormente se encontraría con el muro popular en el Senado. De llegar el previsible veto del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, el proceso se dilataría aún más con la vuelta de las cuentas al Congreso, donde en esta ocasión debería alcanzarse la mayoría absoluta (176 escaños) dos meses después.

Pese a ello, Montero confía en su cometido y en la buena marcha de las negociaciones. “La discreción es lo que marca siempre la política de diálogo y de consenso que estamos desarrollando con todos los grupos políticos”, ha señalado.  “Yo creo que es importante saber que se trata justamente de consolidar la gobernabilidad de España para los próximos cuatro años”, ha reconocido la todavía ministra, que ha evidenciado que todo lo relacionado con esta materia también está siendo clave en las negociaciones para la investidura.

“Esto significa que no estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también de la profundidad de la tarea de Gobierno que se podrá desarrollar en los próximos cuatro años”, ha sentenciado al respecto. Alcanzar un acuerdo es vital, dado que los PGE son vitales para el correcto desarrollo de los proyectos que puedan ser dependientes de los fondos europeas o estén enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gestión de los fondos europeos

Este aspecto no preocupa tanto a la ministra de Economía, Nadia Calviño. “Ojalá nos dé tiempo de preparar los PGE para el año próximo”, trasladaba hace un mes. No obstante, no se ha mostrado preocupada porque pudiesen prorrogarse los de este año dado que “son muy positivos porque nos permiten canalizar los fondos europeos”. “Es muy importante que se mantenga ese flujo y para ello los PGE de estos años han sido fundamentales, pero estos nos permitirían seguir haciéndolo”, reiteraba la vicepresidenta primera.

Los PGE se han prorrogado en ocho ocasiones desde la llegada de la democracia; sin embargo, en esta ocasión podría suponer una mayor necesidad la definición de unas nuevas cuentas de cara a negociar con los partidos de los nacionalismos periféricos. Destinar partidas con rumbo a País Vasco o Cataluña es una práctica habitual que han realizado los Gobierno de todo signo político para garantizarse el apoyo de los diferentes partidos independentistas. La vía son los PGE y no contar con unos nuevos para 2024 significaría detonar una senda de negociación entre los partidos del actual Ejecutivo y los nacionalistas.

Todavía es pronto para adelantar el punto en el que se encuentran las negociaciones en torno a los PGE, pero de no alcanzarse un acuerdo, sería la primera prórroga de unos Presupuestos propios que acometería el Gobierno de coalición. Obligados por la repetición electoral de noviembre de 2019, el Ejecutivo no tuvo otra opción que prorrogar las cuentas de 2018, que ya fueron replicados en 2019, al año de la pandemia. Superados estos trámites, el Ejecutivo consiguió aprobar, no sin atravesar muchas dificultades y presiones, los PGE de 2021, 2022 y 2023. Los últimos contemplan la mayor partida para gasto social de la historia (266.719 millones de euros), serían los prorrogados.