El nombre de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, sonó con mucha fuerza en 2012. Recortes en materia pública, despidos y reducción de salarios, desmembramiento de las pensiones y un sinfín de ataques a la mayoría social del país marcaron el año fuerte de una legislatura entregada al capital. El objetivo de reducción de deuda y déficit públicos se elevaba por encima del bienestar social y así lo refleja la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aún vigente. Esta, además, es una de las pocas normas en las que el Senado tiene algo que decir realmente.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la hoja de ruta de cualquier Gobierno y su aprobación es vital para poder destinar las diferentes partidas económicas a los diferentes Ministerios, Comunidades Autónomas o servicios públicos. Ahora bien, para poder sacarlos adelante es necesario contar con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Esta situación es anómala, pues en casi la totalidad de leyes es posible levantar un posible veto de la Cámara Alta en el Congreso.

Esta norma, con la recientemente conseguida mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado, se convierte en un claro problema a futuro para un posible Gobierno de Pedro Sánchez. La ronda de consultas entre el rey y los candidatos de los diferentes partidos ha comenzado y el actual presidente es el único con posibilidades reales de cara a conseguir los apoyos que le invistan de nuevo como jefe del Ejecutivo. Una vez superado este escollo, el nuevo Gobierno deberá echar a andar y para ello necesita unas cuentas generales que pueden atragantarse.

“El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”, reza el artículo 16.5 de la ley. La Cámara Alta, presidida ya por el popular Pedro Rollán, se compone de 266 senadores, 208 electos y 57 de designación autonómica, lo que sitúa la mayoría absoluta en los 134.

Actualmente, con las Cámaras ya constituidas, el PP cuenta con 120 de los 208 elegidos y con al menos 23 de designación autonómica, lo que le otorga una clara mayoría en las votaciones que se den en el hemiciclo. “Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”, añade el artículo anteriormente citado, lo que evidencia que en este caso no puede puentearse la negativa del Senado.

Tres Presupuestos y una ley en el tintero

El Gobierno de coalición, todavía en funciones, ha conseguido aprobar tres Presupuestos a lo largo de su mandato. Arduas negociaciones con partidos independentistas y entre los propios socios consiguieron superarse y la llegada al Senado de los PGE nunca fue un problema, al estar este dominado por el PSOE en la anterior legislatura. La primera parte será igual de difícil para un hipotético nuevo Ejecutivo bicolor, con la complicación añadida de no tener mayoría progresista en ninguna de las dos cámaras. Esta situación ya la ha vivido el PSOE anteriormente. 

De cara a 2019, con la moción de censura constatada y Sánchez como presidente, el Gobierno ya se vio obligado a prorrogar las cuentas de Rajoy al no conseguir el visto bueno del Senado. En aquel momento, PSOE y Podemos intentaron reformar la norma, incluyendo una enmienda en una proposición de ley que poco tenía que ver con la materia. En aquel momento, 2018 todavía, la Mesa del Congreso liderada por PP y el extinto Ciudadanos imposibilitaron la maniobra. Sin embargo, tras la posterior victoria y los cuatro años de gestión, las fuerzas de izquierdas no han tumbado la doctrina Montoro a pesar de tenerlo todo a favor.

La llegada de la pandemia de la Covid-19, el estallido de la guerra de Ucrania y una serie de acontecimientos que han ido sucediéndose uno tras otro han empujado la reforma de esta ley hasta el fondo del cajón, donde convive con otras muchas. Ahora, con el cambio de manos del Senado, donde todavía sobrevive el turnismo bipartidista entre PP y PSOE sin apenas otra representación, esta norma ha vuelto a la cabeza de muchos, generándose dolores de cabeza solo con pensar una nueva dificultad más que deberá afrontar un posible Gobierno progresista.