El Consejo de Ministros celebrado este martes ha tenido como aspectos más destacables la aprobación de la subida salarial para el conjunto del funcionariado y la activación de una nueva palanca de la Operación Campamento. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Roríguez, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha desgranado los detalles de estas nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. El coste del incremento salarial será de 740 millones de euros y la nueva maniobra en Campamento autoriza la venta de 1,63 millones de metros cuadrados, del Ministerio de Defensa al SEPES.
Mejora en las nóminas de los funcionarios
La subida de sueldo de los empleados públicos responde a la evolución de la inflación y al acuerdo alcanzado entre la cartera liderada por Montero y los sindicatos (UGT y CCOO). Este contempla un incremento salarial del 0,5% “si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%”. Esta línea se traspasó tras conocerse el dato de septiembre y el Ejecutivo ha aprobado la subida, que se comenzará a reflejar en las nóminas de los funcionarios en octubre y que, además, tendrá efectos retroactivos desde enero.
"En las empresas y sector público ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental, pero esta subida apela a todo el conjunto de empleados, funcionarios locales y de comunidades autónomas", ha subrayado la ministra en funciones. Además, Montero ha recordado que todavía queda otra subida del 0,5% pendiente, que dependerá del dato del Producto Interior Bruto (PIB).
"Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales", ha desgranado la titular de Hacienda. Para que esta subida se lleva a cabo el incremento del PIB nominal deberá ser “igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, que es del 2,1%.
En suma, para el año 2022 el Gobierno aplicó una subida del 3,5% que, a pesar de ser aprobada en octubre, se pagó con retroactividad para todo el año. En 2023, el incremento fijo que se aplicó en enero fue del 2,5%, al que ya se ha confirmado una subida de medio punto y que podría elevarse hasta el 3,5% en total si la marcha de la economía española se mantiene vigorosa. Para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y se contempla un 0,5% extra unido a la inflación.
Avance en la Operación Campamento
La Operación Campamento, a través de la que el Gobierno pretende levantar más de 10.000 viviendas en Madrid en un suelto propiedad del Ministerio de Defensa, continúa avanzando. Este martes se ha dado un paso más con la autorización concedida al organismo autónomo del Instituto de Infraestructura y Equipamiento, que depende del Ministerio de Defensa, para la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Por estos terrenos de Campamento, el SEPES pagará a Invied 271,96 millones de euros, siguiendo la valoración dada a la propiedad por la Subdirección General Técnica y de Enajenación.
"Hoy hemos dado un paso más en el desbloqueo administrativo de esta situación para ir dando los pasos administrativos necesarios para esta gran operación, que fundamentalmente tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de demanda de vivienda a precio asequible", ha señalado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Rodríguez ha recordado que este proyecto se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, cuyo principal objetivo dar respuesta a esa demanda de vivienda, junto con la ley de vivienda que se aprobó al final de la última legislatura.
"El Gobierno pretende que la vivienda deje de ser un problema para millones de personas, especialmente para las familias y personas jóvenes, para convertirse en un derecho, que las administraciones públicas garanticemos el derecho de acceso a una vivienda digna", ha concluido. De las 10.700 viviendas que se plantean construir en la capital, el 60% serán protegidas, según el plan del Ejecutivo. Esta operación, que se alarga ya en el tiempo, será "un antes y un después" en la política pública de vivienda, han defendido en reiteradas ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
