El dato de inflación publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado una nueva subida. SI bien España se mantiene con los datos más bajos de Europa, el avance de casi un punto ha elevado el Índice de Precio de Consumo (IPC) al 3,5%, dato que se sitúa en el 3,2% armonizado. Este ascenso propiciado por el encarecimiento de la energía y los carburantes con respecto al mismo mes del año anterior, cuando esos precios eran más bajo, es una mala noticia para el conjunto de la ciudadanía, pero lo será menos para los funcionarios.
Los empleados públicos, más de tres millones, se beneficiarán de un incremento de su sueldo del 0,5% que se comenzará a reflejar en sus nóminas en octubre y que, además, tendrá efectos retroactivos desde enero. Es decir, los funcionarios cobrarán los atrasos de estos nueve meses transcurridos después de activarse la subida salarial por el avance de los precios. Así se contempla en el acuerdo que alcanzaron hace ya un año en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos (UGT y CCOO).
“Si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%, se aplicará un incremento retributivo adicional máximo del 0,5%”, refleja el texto consensuado y recogido en la ley de Presupuestos Generales del Estado. El dato del Índice de Precio de Consumo Armonizado (IPCA) ha activado ahora esta palanca, después de avanzar ocho décimas. Para 2023 ya se contemplaba, y se ha aplicado, un alza fija del 2,5%, porcentaje que podría verse incrementado hasta un 1% dependiendo de dos circunstancias, cada una de ellas responsables a su vez de un 0,5%.
“Podría incrementarse en un 1% ese mismo año si el IPC es superior al incremento consolidado entre 2022 y 2023”, situación que ya se ha producido, “y si el incremento del PIB nominal fuera igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE”, explicaba Moncloa. Concretamente, la ley establece que el aumento dependerá del “crecimiento de la economía española tomando como variables de referencia el incremento del IPCA (dato del IPC armonizado publicado por el INE) y del PIB (Producto Interior Bruto) nominal publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública basándose en los datos de contabilidad nacional trimestral proporcionados por el INE”.
Incrementos fijos y valores para 2024
Para el año 2022 el Gobierno aplicó una subida del 3,5% que, a pesar de ser aprobada en octubre, se pagó con retroactividad para todo el año. En 2023, el incremento fijo que se aplicó en enero fue del 2,5%, al que ya se ha confirmado una subida de medio punto y que podría elevarse hasta el 3,5% en total si la marcha de la economía española se mantiene vigorosa.
Para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. “Adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”, recoge la ley.
En suma, el acuerdo de subida salarial plurianual, entre 2022-2024, supone una revalorización mínima de un 8% durante esos años. Este porcentaje fijo del 8% se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. De ese extra, un 0,5% ya se ha activado y 2023 es el único año que contempla un aumento con relación al PIB. En 2024 tan solo podrá contemplarse un aumento máximo del 0,5% y dependerá del IPC.
De igual manera que el resto de subidas, esta tendría efectos desde 1 de enero de 2024 aunque se confirme posteriormente. Además, la ley deja claro que “los incrementos establecidos no podrán, en ningún caso, ser compensados ni absorbidos”.
El acuerdo, del que se descolgó CSIF por considerarlo insuficiente, fue alcanzado tras un periodo de tiempo de negociaciones y actos de los sindicatos. Tras ello, las partes se mostraron satisfechas por la inclusión de otras variables como la reducción de jornada. “La recuperación de derechos del pacto entre el Gobierno y UGT y CCOO continúa con la reimplantación de la jornada de 35 horas en las Administraciones Públicas”.
