La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que el 63% de las facturas de BBVA con José Manuel Villarejo fueron emitidas como facturas financieras, "sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas", es decir irregulares, según indica el sumario del caso Villarejo, tal y como informa El Economista.

Las facturas registradas por el espionaje de Villarejo tienen conceptos como “quebrantos diversos y otros”, “facturas pendientes”, “vigilancia ordinaria” o “FP auto de seguridad”. Así, según la Fiscalía, BBVA habría realizado 53 pagos a las empresas del excomisario, por un valor de 10,2 millones de euros entre enero de 2005 y diciembre de 2018.

Por su parte, el sumario del caso confirma que los responsables de firmar las facturas, ordenarlas y supervisarlas fueron Ángel Cano, exconsejero delegado; Julio Corrochano, exjefe de seguridad; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial; Javier Malagón, exdirector comercial; Antonio Béjar, exdirector de Riesgos; Ricardo Gómez Barrero, exdirector de Contabilidad y actual consejero de la filial turca de BBVA; Inés Díaz Ochagavia, jefa de Seguridad del banco y Nazario Campo, director de Seguridad Corporativa.

Más allá de los directivos implicados, la Fiscalía asegura que fue Francisco González, expresidente del banco, quien ordenó contratar los servicios de Villarejo a través del departamento de Seguridad. Además, Corrochano, jefe de seguridad, afirmó haber recibido “instrucciones directas” del presidente para las labores de espionaje.

El propio Villarejo reconoció en la Audiencia Nacional que fueron las más “altas instancias” del BBVA las que ordenaron contratar sus servicios en 2004 para el caso concreto de acabar con la operación de Sacyr. En este caso, asegura que incluso responsables del CNI le prometieron ayuda para frenar a Sacyr en su intento de tomar el control de BBVA.

Por su parte, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha asegurado a Expansión que el caso Villarejo no ha afectado al negocio actual de BBVA y que inversores y clientes no han penalizado a la entidad porque “existe la percepción de que este asunto pertenece al pasado” y no implican al consejo actual.