La semana pasada, el Gobierno presentó las ideas fundamentales de su plan de reformas para promover el crecimiento de la productividad y la competitividad de nuestra economía. Entre las medidas previstas, se propone facilitar la creación de empresas, que se podrían poner a funcionar en un único día y con un euro de capital, aprovechando las capacidades que ofrecen los registros digitales. Se ha propuesto también una reforma del régimen concursal, que facilite ese difícil proceso de reestructuración y cierre de empresas, evitando de esta manera que empresas que ya han mostrado su inviabilidad se mantenga en vida con el único objetivo de no tener que hacer frene a las deudas acumuladas con proveedores, trabajadores y bancos. También se estudiarán las opciones para eliminar cargas burocráticas para el crecimiento de las empresas, uno de nuestros principales problemas en materia de productividad, donde, si bien tenemos clara la relación -las empresas más grandes son más productivas- no está tan clara la causalidad -no se sabe si son más productivas porque son más grandes, o si son más grandes porque son más productivas.

Estas medidas, que deben ser bienvenidas, se acompañan con nuevas ideas de apoyo a la solvencia de las empresas, algo que debe ser considerado una buena noticia por cuanto son muchos los especialistas que venían demandando una actuación más proactiva por parte del sector público, prácticamente desde el inicio del último trimestre del año 2020.

Entre las medidas de apoyo a la solvencia, se están examinando las posibilidades de ampliar las ayudas directas vía transferencias, algo que ya se ha desarrollado, en parte, a través de las Comunidades Autónomas, que han dirigido sus esfuerzos a las empresas de los sectores más afectados (hostelería y comercio) pero que deberían ser ampliados a toda la cadena de valor, pues igual que lo hosteleros, han sufrido sus proveedores. El problema que aparece en este ámbito es la necesidad de compaginar un apoyo específico y lo suficientemente potente con la necesidad de cuidar las cuentas públicas, en un momento en el que la abultada deuda pública acumulada es motivo de debate y preocupación. España se ve obligada a soplar y sorber: a estimular la economía sosteniendo a las empresas que más han sufrido la crisis, al tiempo que no pierde de vista la futura consolidación fiscal (de no producirse otras políticas que puedan aliviar la carga de la deuda). La pelota se está pasando entre comunidades autónomas y gobierno central, si bien todo parece indicar que las comunidades autónomas podrían jugar un papel más importante debido a su proximidad territorial con los negocios más afectados. No parece, sin embargo, que los fondos europeos se vayan a destinar a estos menesteres, por cuanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está dirigido a otros objetivos, y el otro instrumento el REACT, se enfrenta a tener que elegir entre financiar gasto sanitario y apoyo a las empresas. Cada comunidad autónoma verá cómo distribuye estos fondos, pero las demandas son prácticamente infinitas y los fondos, como siempre, limitados.

La segunda vía que se está explorando de apoyo a las empresas se dirige a mejorar su capitalización, a través de instrumentos como inyecciones de capital, préstamos participativos u otras fórmulas de capitalización. La idea es buena, y es absolutamente imprescindible para algunas empresas, que, por muchos créditos ICO que hayan cogido, no han dejado de tener pérdidas, comprometiendo de esta manera su futuro a medio y largo plazo. El problema de esta modalidad es que se dirige a empresas de mediano tamaño -las famosas midcaps- y no tanto a micropymes y pymes. España ya probó esta vía con el Fondo SEPI, dirigido fundamentalmente a grandes empresas, pero la realidad exige una mayor capilaridad para la puesta en marcha, en poco tiempo, de un instrumento capaz de sujetar empleo y perspectivas ante la situación de la economía.

Y por último se está evaluando la medida más rápida de instaurar, y por ello, la más controvertida, que no es otra que realizar una quita de los préstamos otorgados el año pasado con aval del ICO, de manera que el banco asuma una parte de las pérdidas, algo a lo que, lógicamente, los bancos no están dispuestos. Esta vía sería la más rápida pero no necesariamente la mejor: es difícil saber si los receptores de los avales ICO son las empresas que en peores circunstancias están, o si las quitas se producirían en todos los sectores que pudieron acceder a estos avales, que en muchos casos se concedieron a los mejores -y no a los peores- clientes de la banca.

En cualquier caso, el paquete de medidas que se está diseñando es bienvenido y la única pega que se le puede poner es que llega unas semanas más tarde de lo que hubiera sido necesario. La política económica tiende a resistirse a intervenir en la economía hasta que ya no le queda más remedio, y, cuando eso ocurre, puede ser ya demasiado tarde. Esperemos que el despliegue de estas medidas sea ágil y su implementación alivie no sólo la situación de miles de pequeños empresarios a lo largo y ancho del país, sino también sirva de complemento a la política de apoyo a los ERTE que, aunque han mostrado una eficacia muy positiva en materia de protección de empleo, muestra ya sus signos de agotamiento. Tendremos que ver la intensidad de los apoyos, pero los pasos dados van en la buena dirección.