Esta semana, más allá de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, hemos recibido las opiniones y recomendaciones de dos de las instituciones internacionales que se dedican a vigilar el desempeño de las economías: la Comisión Europea, dentro del marco de la revisión anual de los proyectos presupuestarios, y el Fondo Monetario Internacional en el marco de las consultas de capítulo IV. La naturaleza de ambas revisiones es diferente y tiene distintas finalidades y grados de importancia para nuestra gestión económica.

En el caso de la Comisión, la revisión del proyecto presupuestario es uno de los momentos anuales en los que, dentro de la gobernanza económica europea, la Comisión revisa la política económica de cada país. Establecido en 2012, la revisión del presupuesto se centra especialmente en los elementos relacionados con el cumplimiento de las reglas fiscales, incluyendo déficit público, deuda pública, trayectoria de gastos e ingresos, y perspectivas a medio plazo. No entra, como ocurre en la revisión realizada en primavera, en el marco de las reformas estructurales u otros aspectos de política económica. La revisión del plan presupuestario se instauró en el marco del fortalecimiento de la política de supervisión fiscal en el momento en el que las tensiones fiscales amenazaban la viabilidad de la zona euro. Cuando las normas fiscales están en activo, la Comisión señala si el proyecto presupuestario cumple con las reglas o si hay riesgo de incumplimiento. Ahora que las normas fiscales están suspendidas, la Comisión emite una opinión cualitativa pero no establece un dictamen cerrado. En el caso del proyecto presupuestario de 2023, la Comisión ha señalado que, si bien las previsiones de crecimiento económico que ha utilizado el gobierno para realizar el presupuesto de 2023 son más favorables que sus propios pronósticos, el proyecto presupuestario, en el sentido más amplio, encaja con las orientaciones económicas proporcionadas por la Comisión y que, por lo tanto, se trata de un proyecto presupuestario adecuado. No obstante esta validación, la Comisión sugiere tener cuidado con la extensión de las medidas de apoyo contra la crisis, recomendando que se centren en la población más vulnerable, al tiempo que se mantiene la senda de reducción de nuestra alta deuda pública. La importancia de las recomendaciones de la Comisión Europea se sustancia en varios sentidos relevantes: la observancia de dichas recomendaciones es condición necesaria para acceder a los fondos de la Unión Europea, tanto a través del Next Generation como de la política de Cohesión -Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo. Si, por otro lado, España no cumpliera con dichas recomendaciones, podría someterse a sanciones.También es necesario un cumplimiento de dichas recomendaciones para acceder al programa de transmisión de la política monetaria del Banco Central Europeo, de manera que la adecuación del proyecto presupuestario a las recomendaciones de la Comisión facilitan que el BCE siga actuando en apoyo de nuestros títulos de deuda, evitando un despegue excesivo de la prima de riesgo. Todo parece indicar que, tras su evaluación por parte de la Comisión, la condicionalidad macro exigida se está cumpliendo y, al menos en lo que corresponde a esta dimensión, España podrá seguir disfrutando de los fondos Next Gen, de la política de cohesión y de la protección del BCE.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en el marco de las llamadas consultas de capítulo IV, realiza periódicamente una revisión de la situación económica de los países, evaluando el desempeño de la economía, su agenda de reformas, sus problemas estructurales y sus perspectivas a medio y largo plazo. En este caso, y a diferencia de la Comisión Europea, el FMI no impone sanciones o condicionalidad, pero sirve de referencia para conocer la marcha de nuestra economía. De nuevo, el FMI pide mantener el esfuerzo fiscal, centrar el apoyo público en los sectores más afectados, y continuar reduciendo la deuda. Por otro lado, el FMI ha señalado el impacto positivo de la reforma laboral y la conveniencia de vigilar el impacto de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. En definitiva, el FMI señala que España sigue sometida a una importante incertidumbre y que, pese a que las medidas que se están tomando parecen ir en la buena dirección, el gobierno no debe perder la disciplina y debe seguir evaluando la situación muy de cerca.

Estos dos informes, hechos públicos esta semana, aluden a una economía que, pese a las importantes incertidumbres, navega en la buena dirección, aunque con márgenes de mejora en materia de focalización de las ayudas, seguimiento del marco fiscal y reducción de la deuda. Ni rastro de la situación de emergencia que se anticipaba en el verano, de manera que, si España hace caso de estas recomendaciones y sigue avanzando en la implementación del Plan de Recuperación, seguiremos fortaleciendo nuestro marco de política económica. ¿Todo perfecto entonces? No. Dos incógnitas quedan pendientes de despejar: el resultado final de la reforma de las pensiones y la ausencia total de disposición para construir un pacto de rentas que permita distribuir más acertadamente los costes de la crisis de precios. No son asuntos menores, y dejarlos de lado será un grave error, por lo que, pese a que estamos ya en fechas preelectorales, el gobierno debe ser valiente y avanzar en las dos vías con audacia.