“Avanza la ejecución del Plan De Recuperación”, celebraba la pasada semana el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La economía española es la que más crece entre las grandes europeas y entre el grupo de países más desarrollados englobados en la OCDE, y no es por casualidad. El desembolso de grandes cantidades de fondos europeos y su traslación rápida a la economía están posibilitando el desarrollo veloz del tejido empresarial y el acrecentamiento del Producto Interior Bruto (PIB) por encima de todas las medidas.

A cierre de octubre, se habían resuelto casi 75.500 millones de euros, más del 58% del total, y se habían destinado más de 44.100 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones con fondos Next Generation, llegando más de un 40% a microempresas y pymes. El mimo día que Cuerpo compartía estos datos y celebraba los 840.000 beneficiarios de los fondos, constatando que “seguimos creciendo e invirtiendo, reduciendo ratio de déficit y deuda pública/PIB”, el Banco Central Europeo (BCE) hacía público un informe ocasional que certificaba el análisis.

El supervisor único ha presentado una serie de datos que apuntan a que el esfuerzo económico realizado con los fondos europeos “aumentará el nivel del PIB de la zona del euro a través del canal fiscal entre 0,3% y 0,8%”, hasta concluir la primera fase del Plan de Recuperación (2026). No obstante, en España este efecto ascenderá hasta el intervalo 1,2%-1,7%, superada tan solo por el caso italiano (1,3%-1,9%). “El estímulo fiscal inducido por los Next Generation tiene el potencial de generar ganancias significativas para la producción de la zona del euro”, explica el BCE.

Si bien estos efectos no se trasladarán de igual manera a todas las economías nacionales. “Dependiendo de los supuestos subyacentes, estas ganancias se prevé que oscilen entre el 0,3% y el 0,8% para 2026, el último año del programa”, explica el organismo liderado por Christine Lagarde. “Se espera que estos efectos positivos persistan más allá de 2026, con aumentos de producción estimados entre 0,2% y 0,6% para 2031”, continúa, volviendo a plasmar la excepción. Sus efectos son “particularmente pronunciados en los principales países beneficiarios, como Italia y España”, añade.

En estos países las ganancias “son dos o tres veces mayores que el promedio de la zona del euro”, traslada el informe, pero para que esto suceda tendrán una gran importancia la actuación pública de cara a la absorción y el despliegue productivo de los fondos. “Los supuestos de productividad también influyen significativamente en el resultado final. Por lo tanto, para los gobiernos que buscan maximizar el impacto del programa, se debe dar prioridad a proyectos eficientes que ofrezcan el mayor retorno económico”, desgrana el documento.

Con todo, y a modo de conclusión, el BCE se muestra preocupado por que se produzca una implementación “completa y eficaz” en gran parte de los estados que comparten el euro. De ser así, se prevé que los impactos favorables de los fondos “contribuyan a una disminución en las ratios de deuda pública”, de entre siete y ocho puntos porcentuales en el escenario central español (la media entre lo mejor y lo peor que podría suceder) y con un nivel medio de productividad.

Una de las principales preocupaciones para el conjunto de la zona euro, que han llevado a una revisión a la baja, es el despliegue nacional. “Esta revisión a la baja refleja en gran medida retrasos en la aplicación de los planes nacionales de inversión y reforma. Estos retrasos, a su vez, reflejan principalmente restricciones administrativas y las ramificaciones del shock inflacionario relacionado con la guerra, mientras que el valor real del programa se mantiene aproximadamente estable”, explica. De este supuesto quedan fuera países como España e Italia, alumnos aventajados.

“Es fundamental que los Estados miembros sigan comprometidos con sus planes, con ambición y medidas políticas específicas, priorizando la calidad de implementación sobre la velocidad”, reclama el BCE. “Los esfuerzos políticos son vitales para garantizar que los Next Generation puedan desbloquear su potencial transformador y así actuar como catalizador para la modernización y la convergencia económica de las economías de la zona del euro”, zanja el supervisor único su informe de casi 70 páginas.