El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocido como Ley de Startups, una de las reformas previstas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. La ley prevé generar un marco legal específico para los emprendimientos innovadores, incluyendo entre sus medidas importante cambios en materia fiscal y regulatoria, como favorecer el uso de las stock options como método para remunerar empleados, la bajada del IRPF para emprendedores que se instalen en España o la mejora de la agilidad administrativa para el registro de las empresas. Se trata de una batería de medidas que sin duda facilitará la creación y el crecimiento de este tipo de empresas en España, un país que no ha destacado precisamente por su impulso emprendedor, pese a toda la propaganda oficial y cuasioficial que ha acompañado al concepto desde el inicio de la crisis de 2008.

Esta ley se acompaña con otras medidas de apoyo, también incorporadas en el plan Next Generation, y que en buena medida están articulada en la Estrategia España Nación Emprendedora, que se aprobó en Febrero de este mismo año. En definitiva, todo un marco de referencia que pretende institucionalizar las políticas públicas de apoyo al emprendimiento innovador como fuente de generación de empleo, crecimiento económico y, también, sostenibilidad social y ambiental.

Lo cierto es que, pese a todo lo que se suele plantear sobre nuestro país, el ecosistema español de emprendimiento está acelerando: según los datos existentes, las inversiones en Venture Capital han alcanzado, en la primera parte de 2021, los 1900 millones de euros de inversión, más que en todo 2020, augurando una cifras anuales que pueden significar el año más dinámico en lo que llevamos de registros. España cuenta ya con dos “unicornios” (empresas tecnológicas no cotizadas con una valoración superior a los 1000 millones de euros), tales como Glovo y Cabify, y las políticas activas de promoción de ecosistemas territoriales en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga están dando sus frutos. Barcelona cuenta ya como el tercer ecosistema urbano de emprendimiento innovador, y algunas clasificaciones sitúan a Madrid incluso por delante de la afamada Tel Aviv, cuna de la Startup Nation que tanto nos maravilló hace ahora una década.

La situación, fuera de estas dos grandes ciudades, cae en picado, con Valencia en fuerte crecimiento, y Málaga ocupando un lugar destacado, pero con pocas referencias en el resto del territorio nacional. Tradicionalmente, dos tercios de la inversión en capital riesgo se ha concentrado en Madrid y Cataluña, de manera que otras comunidades autónomas se han quedado regazadas respecto de los ecosistemas punteros, con conexiones internacionales y con importantes factores de impulso: la presencia de las grandes escuelas de negocio, con atracción de talento internacional, se concentra en estas dos ciudades. La mayoría de las firmas de capital riesgo se localizan en una de estas dos ciudades, y la mayoría de los servicios de acompañamiento se localizan igualmente en estas dos grandes urbes. Las comunidades autónomas no han dejado de realizar esfuerzos de generación de ecosistemas de innovación con alcance territorial, a través de numerosas iniciativas como el establecimiento de parques tecnológicos, lanzamiento de fondos de capital riesgo de alcance territorial, así como el lanzamiento de iniciativas de cooperación universidad-empresa. Los resultados son desiguales, y a fecha de hoy, la tracción de estos ecosistemas territoriales es mucho más reducida, con las excepciones locales ya señaladas, a la que habría que añadir el ecosistema vasco, con notables índices de innovación empresarial, sobre todo en las medianas empresas industriales.

Queda, por lo tanto, mucho por hacer. El emprendimiento innovador tiende a concentrarse en localizaciones específicas, como está ampliamente documentado, y esto implica que si queremos seguir favoreciendo la cohesión territorial, también en este ámbito, necesitaremos invertir en nuevos mecanismos que fomenten la innovación centrada en el territorio. Las estrategias de especialización inteligente -una suerte de estrategias de innovación territoriales que las comunidades autónomas deben desarrollar en el marco de la política europea de cohesión- son un marco de referencia útil pero no suficiente. El fomento de los polos de innovación no se improvisa sólo con instrumentos financieros, sino que requiere de buenos marcos de cooperación entre las universidades y la industria, la existencia de mecanismos regulatorios adecuados, la puesta en marcha de servicios de acompañamiento, etc. Como bien señala Dan Bretniz en su libro “Innovación en los lugares reales”, imitar acríticamente las estrategias de Silicon Valley no dará resultado alguno, porque cada territorio tiene sus propias especificaciones y peculiaridades. Por eso hay que tener cuidado con usar ese ejemplo como referencia, y buscar un camino propio que no siempre pasa por declaraciones altisonantes. Es preferible un trabajo de fondo, que dará resultados en el medio y largo plazo. Ejemplos como Soria, que a través de la feria Presura, se está conformando como un polo de innovación rural, son buenos ejemplos a seguir.

 El nuevo período de programación de los Fondos Europeos es una nueva oportunidad, que, apoyados por un marco regulatorio más proclive y una estrategia nacional clara y precisa, puede hacer que muchos territorios de nuestro país alcancen mayores cotas de emprendimiento innovador en los próximos años. Las oportunidades están ahí, tendremos que ver cómo las aprovechamos.