El precio de la vivienda en las ciudades españolas lleva años por las nubes. Cualquiera que haya intentado alquilar un piso últimamente en Valencia, Bilbao o Sevilla habrá observado que, incluso compartiendo con otros compañeros, la renta consume un porcentaje considerable de su nómina. En las 25 provincias donde reside el 70% de los españoles, el pago del alquiler ocupa más del 30% de los ingresos de una persona. En seis provincias, supera el 40%. En ciudades como Barcelona, el 52%. Los jóvenes entre 16 y 24 años, con el sueldo medio para ese segmento de edad, destinan el 71% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler. Son datos preocupantes.

Comprar una vivienda tampoco es fácil. Según el estudio que ha realizado un conocido portal inmobiliario, una persona que cobre el salario medio en San Sebastián, Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca tendrá que ahorrar durante casi diez años para anticipar el 30% de un piso de 150.000 euros en concepto de entrada. Después, deberá hipotecarse durante 30 o 40 años. No es razonable.

¿En qué momento acceder a una vivienda se ha convertido en un privilegio? No puedo decirlo con exactitud. El precio de la vivienda ha aumentado un 5% interanual desde 1977, con un leve ajuste tras la crisis financiera. Una vivienda cuyo precio en 1977 era el equivalente a 10.000 euros, hoy costaría 170.000.

Este incremento suele atribuirse a la especulación inmobiliaria. Pero de la misma forma que no es posible moler el trigo sin piedra de molino, la especulación no puede darse sin un contexto de desequilibrio de oferta y demanda. ¿Qué entendemos por oferta y demanda? Se trata de un principio económico fundamental que influye en la formación de precios. Establece la relación entre el precio y la cantidad ofrecida: si hay abundancia, los precios tienden a disminuir. Si hay escasez, los precios aumentan.

En nuestro país, se ha producido la tormenta perfecta. Por un lado, ha habido una creciente demanda, derivada del crecimiento demográfico en las ciudades y de los cambios en los modos de vida; y por otro una oferta limitada por la falta de vivienda en el mercado. Esta situación ha provocado un incremento de precios que, a su vez, ha posibilitado la especulación inmobiliaria.

Mientras la demanda y la oferta no se igualen, quien tenga un inmueble tendrá un bien escaso en el mercado y podrá venderlo o alquilarlo por una cifra abusiva. La única manera de equilibrar la oferta y la demanda y acabar con la especulación y la escalada de precios es introducir en el mercado más vivienda, que aumente los inmuebles en circulación y reduzca el precio de alquiler y de compra.

No creo que haga falta construir nuevas casas. En España tenemos una infraestructura de vivienda infrautilizada. El INE identificó, tras la crisis financiera, más de 3,4 millones de viviendas vacías. Movilizando estas viviendas a través de incentivos encontraríamos parte de la solución al problema de la vivienda en España.

Por otro lado, si dejáramos de demonizar a los fondos de inversión y a los bancos y nuestras instituciones colaborasen con ellos, cientos de miles de unidades alojativas podrían incorporarse al parque público de vivienda. Bancos y fondos tienen una importante cartera de vivienda en propiedad en zonas tensionadas. Con marcos de colaboración público-privada, rentables para ambas partes, podrían ponerse en circulación muchos de estos pisos, aumentando la oferta y reduciendo en consecuencia los precios de acceso a la vivienda en las principales capitales españolas.

A la espera de que la ley de vivienda concluya su tramitación legislativa, dudo de la eficacia que puedan tener medidas como la congelación de precios en zonas tensionadas. Podría producir efectos no deseados, como que algunos propietarios retiren su vivienda del mercado del alquiler, disminuyendo la oferta y aumentando los precios de las viviendas que ya estaban por debajo del nuevo índice de fijación de precios.

Sin embargo, me parece que el Gobierno ha acertado en otros aspectos de su política de vivienda. Serán 183.000 viviendas las que las distintas administraciones movilizarán, impulsados por el gobierno central, como vivienda social o asequible. Me parece que el gobierno ha entendido por fin el auténtico problema de la vivienda en España: el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ampliar el parque de vivienda es un acierto que permitirá aumentar las viviendas a la venta -o en alquiler- y reducir de esta manera los precios.