Este viernes se ha conocido el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo que, tras una nueva reducción, cerro el último mes del año 2022 con un 5,7%, el valor más bajo desde noviembre de 2021. Sin embargo, dos datos negativos sobresalen: la inflación subyacente ha crecido hasta el 7% y el aumento de los precios de los alimentos alcanza ya el 15,7%. Estas dos variables han vuelto a unir a Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, y sindicatos, que coinciden en señalar que las grandes empresas son las responsables de esta situación. “una parte importante de la inflación subyacente solo se explica porque alguien se está forrando a costa de la crisis, y ese alguien tiene nombre, las grandes empresas”, ha sentenciado Díaz.
Los sindicatos coinciden con este análisis, como expone Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO. “El origen del incremento de la inflación subyacente está fundamentalmente producido por las subidas internas que se han producido y que han llevado a tener unos inmensos beneficios empresariales en todas las empresas y sectores”. No obstante, en esta ocasión existen unas organizaciones empresariales concretamente señaladas: las grandes distribuidoras de la alimentación. Por este motivo, tanto la líder de Trabajo como los sindicatos coinciden en que el camino para combatir esta solución es subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e intervenir el sector de la alimentación.
En este sentido, Díaz ha confirmado que la subida del SMI se aprobará en un corto espacio de tiempo, y lo hará de forma retroactiva. “Vamos a subir el SMI en la cuantía suficiente para que las personas trabajadoras más vulnerables no pierdan poder adquisitivo. Es un compromiso de esta vicepresidenta y es un compromiso del Gobierno. Y lo haremos con carácter inmediato”, ha asegurado.
Además, también ha pedido ir más allá de las reducciones del IVA para aliviar el elevado precio de la cesta de la compra. “Donde actúa el Gobierno bajan los precios, pero hay sectores, como el de la Alimentación, en los que hay que mejorar”, ha traslado, asegurando que es necesario “dar un paso más, porque con rentas salariales de 1.200 euros no se puede realizar la compra en nuestro país”.
Más contundente se ha mostrado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ha calificado a las empresas de distribución de alimentos como “verdaderos elementos que chupan los beneficios de los que producen y, a la vez, aumentan los precios a los ciudadanos”. Así lo ha expresado el líder sindical a la conclusión de una conferencia de las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT en la que la personalidad invitada era la propia Yolanda Díaz, con la que ha compartido el encargo de incrementar el SMI. “El precio de los alimentos es evidente que está absolutamente fuera de control y no porque suban los alimentos en origen, sino como consecuencia de la especulación de las redes de distribución”, ha continuado.
Siguiendo la misma línea, aunque con una posición más dura, Álvarez ha asegurado que “el Gobierno tiene que intervenir porque hay un problema de competencia” y ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “que intervenga”. El líder de UGT se ha mostrado molesto por la elección de bajar el IVA como medida para reducir el precio de los alimentos, pero una vez implantada, ha concluido que es “penoso que se haya aprobado la bajada y no se esté reflejando en los precios” y ha pedido que se establezcan "multas disuasorias".
