La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas continúa incrementando su valor en el primer trimestre de 2023 y se sitúa en marzo en los 1,535 billones de euros, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. El aumento en términos relativos con respecto al mes anterior alcanza el 1%, o, lo que es lo mismo, 15.000 millones más en un mes. En comparación interanual la suma experimenta un del 5,4%. Con este, el índice experimenta su segundo ascenso consecutivo después de comenzar el año con una caída.  

La diferencia con el montante registrado hace un año asciende hasta los 81.540 millones de euros, como consecuencia del aumento de los gastos propiciado por la crisis pandémica y, posteriormente, agravado por la guerra de Ucrania y su afectación a los precios. El incremento de la deuda en marzo se ha reflejado en todas las unidades de la Administración, a excepción de Otras Unidades de la Administración Central. No obstante, a pesar del incremento en valores absolutos, el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se ha reducido del 113,2% de finales de 2022 al 113% del primer trimestre de 2023.

Las administraciones disparan su deuda

El saldo de la deuda del Estado se elevó en marzo a 1,364 billones de euros, batiendo por segundo mes consecutivo su récord histórico tras sufrir un incremento interanual del 7%. Mientras, para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 42.000 millones, lo que representa la segunda disminución seguida y una reducción del 10,5% con respecto al dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 106.000 millones, mismo dato que el mes pasado, registrando un 7% más que un año antes.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas avanzó hasta los 322.000 millones de euros en marzo con una variación interanual del 4%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23.000 millones de euros en este mes, lo que supone un 2,7% más que el saldo registrado en marzo de 2022. Desde el Banco de España apuntan a que la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen el conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 7,7% respecto al año anterior, hasta los 322.000 millones de euros.

La ratio de deuda sigue reduciéndose

La ratio de deuda pública sobre el PIB sigue siendo el dato que da buenas noticias al Gobierno y a las cuentas del Estado. Este valor, al que atiende Bruselas para hacer sus valoraciones, continúa con la reducción que ya experimentaba en 2022 y cierra el primer trimestre del año en el 113%. El pasado año, el porcentaje se situó muy por debajo del objetivo marcado a España (115,2%). En el nuevo Programa de Estabilidad que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea recoge que “la buena marcha de la economía y la política fiscal responsable permiten adelantar un año, a 2024,” los objetivos fijados.

De cumplirse la senda marcada, el próximo año las cuentas apreciarían la vuelta del déficit público al nivel del 3% del PIB y el descenso de la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB. Con respecto al curso vigente, el plan presentado por el Gobierno hace escasas semanas prevé reducir el valor hasta el 111,9%, valor del que le distancian poco más de un punto. Para 2024 las estimaciones sitúan en valor en el 109,1%, que se seguirá reduciendo en 2025 (107,9%) y 2026 (106,8%). En el plazo 2023-2026, se esperan caídas anuales de este valor del 1,3%, 2,9%, 1,2% y 1,1%, respectivamente.

“La estrategia fiscal de medio plazo permitirá mantener la reducción de la ratio de deuda-PIB en los próximos años”, recoge el documento. “El actual entorno de aumento de los tipos de interés de emisión se reflejará en un mayor pago por intereses, pero la reducción del déficit primario facilitará mantener la actual tendencia decreciente de la ratio en un escenario en que se espera también que el PIB nominal continúe contribuyendo positivamente a la dinámica de la deuda pública”, añade.

De esta manera, la deuda pública -conjunto de valores de renta fija emitidos por un Estado o por los organismos públicos de este con el objetivo de financiar su actividad mediante deuda con otros estados o particulares- podría verse notablemente reducida en el periodo acordado con Bruselas. La “notable resiliencia” de la economía española, la “mejora del empleo, de la inversión, del sector exterior y los saldos fiscales” y la aportación de los fondos europeos son los principales pilares en los que se apoya el Gobierno para garantizar la caída de los valores de deuda y déficit.