A partir del 12 de mayo las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, tras aprobar el Gobierno un decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores la semana pasada. En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado viernes y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las empresas a realizar un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
Este registro se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. La empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
De manera complementaria, la norma modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.
Esta medida era reclamada desde hace años tanto por sindicatos como por los propios inspectores de Trabajo, por las dificultades con las que se encontraban a la hora de demostrar jornadas abusivas u horas extras no pagadas. Si bien, sindicatos e inspección solicitaban un tipo de registro "obligatorio, fiable, indubitado y común a todas las empresas", como lectores de huellas dactilares. Así, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) consideran "insuficiente" el control de horarios en las empresas establecido en el decreto, ya que, en la práctica, "no obliga a las compañías a llevarlo a cabo", al dejar la aplicación de esta regulación en manos de las empresas. En su opinión, el Gobierno no respetó el acuerdo alcanzado con los sindicatos en esta materia y "descafeinó" el texto acordado, de forma que no se garantiza la obligación de las empresas de tener un registro real de la jornada de trabajo.
Para el Gobierno, sin embargo, la norma crea un marco de seguridad jurídica para trabajadores y empresas y posibilita el control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo. Del total de denuncias que recibió la Inspección en 2018, el 35% tenían relación con el tiempo de trabajo. "La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren abusos en su jornada laboral. Un buen porcentaje de las personas que se beneficiarán de dicho registro son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos", argumenta el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.
Más de seis millones de horas semanales que no se pagan
Cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España. Y casi la mitad de estas horas extra (el 48%) no se abonan, por lo que tampoco cotizan por ellas a la Seguridad Social, con la consiguiente pérdida para el poder adquisitivo de los trabajadores y merma de las arcas públicas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extra no pagadas se realizaron en el comercio y la hostelería, sectores que se caracterizan por sus bajas retribuciones. Además, muchas de estas horas suponen un fraude en los contratos a tiempo parcial, que en la práctica suponen jornadas completas mientras se cobra la mitad de dinero. "Resulta por ello necesario y urgente proceder a esta reforma normativa para poder dotar de mayor efectividad la labor de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social", justifica el Gobierno en su decreto.
