Cada noviembre se repite el ritual: pantallas llenas de ofertas, relojes de cuenta atrás y descuentos “irrepetibles”. Pero también se recrea la misma sospecha. ¿Son realmente rebajas o simples precios disfrazados? Para evitar que las ofertas se conviertan en una trampa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una campaña específica para detectar subidas previas de precios y técnicas comerciales desleales durante el Black Friday y el Cyber Monday, un periodo que concentra algunos de los mayores picos de compras del año.

El anuncio lo realizó este lunes el ministro, Pablo Bustinduy, quien explicó que la Dirección General de Consumo llevará a cabo una monitorización masiva de precios y productos a lo largo del mes. El objetivo es claro: detectar las llamadas “rebajas fraudulentas”, aquellas en las que determinadas empresas elevan el precio original de un artículo días antes de la campaña para, posteriormente, ofrecerlo con un supuesto descuento que en realidad lo devuelve a su coste habitual.

Esta estrategia, conocida entre consumidores como “subir para bajar”, no es nueva. De hecho, ha sido denunciada en años anteriores tanto por el propio ministerio como por organizaciones como Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). También los propios compradores llevan tiempo alertando de que muchos de los descuentos del Black Friday no resultan tan atractivos cuando se comparan con los precios reales de semanas previas.

Cada vez son más los usuarios que realizan capturas de pantalla, revisan el historial de precios o emplean herramientas de seguimiento para comprobar si realmente les compensa la compra. Para muchos, esta desconfianza ha convertido la temporada de ofertas en un ejercicio de vigilancia constante.

El departamento que dirige Bustinduy recuerda que estas prácticas vulneran el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que obliga a que el precio de referencia mostrado en una oferta sea el más bajo que ese producto haya tenido en los 30 días anteriores. No respetar este criterio supone una infracción clara.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó las sanciones que Consumo impuso a varias empresas por ofertar falsas rebajas en campañas anteriores. Una sentencia que refuerza la capacidad del ministerio para actuar contra este tipo de fraudes.

Más allá de las falsas rebajas: un catálogo ampliado de irregularidades

Consumo no solo vigilará las subidas previas de precios. La campaña anunciada amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales que serán investigadas y sancionadas en las próximas semanas.

Entre ellas destacan los precios por goteo, una técnica cada vez más habitual en el comercio electrónico que consiste en mostrar un precio inicial muy atractivo que, a medida que avanza el proceso de compra, va encareciéndose con gastos de gestión, comisiones, seguros o tarifas ocultas. El resultado es un coste final muy distinto —y casi siempre superior— al que el usuario vio al principio.

También estarán bajo lupa las denominadas técnicas de presión, especialmente presentes en webs de grandes plataformas. Esto incluye relojes con cuentas atrás irreales, avisos de “últimas unidades” que no se corresponden con el stock real o mensajes como “otras cinco personas están a punto de comprar este producto”. Todas ellas estrategias pensadas para provocar compras impulsivas y precipitar decisiones.

Otra práctica que preocupa al ministerio es el uso de precios personalizados basados en datos personales. Algunas webs modifican lo que cobra a un usuario en función de su historial de navegación, ubicación, dispositivo o comportamiento digital, lo que genera desigualdad y falta de transparencia. Consumo estudiará casos en los que este sistema pueda derivar en situaciones discriminatorias.

Del mismo modo, la campaña vigilará comparaciones de precios engañosas, especialmente aquellas en las que se muestra un supuesto precio anterior que no fue realmente aplicado en el mercado, generando una falsa sensación de ahorro.

Sectores y canales donde se focalizará el control

La investigación del ministerio se centrará especialmente en el comercio electrónico, el ámbito donde proliferan la mayoría de estas técnicas y donde resulta más difícil para el consumidor detectar irregularidades.

Consumo ya ha identificado cuatro sectores prioritarios por su volumen de ventas y su alta rotación de precios durante el Black Friday: textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos. En todos ellos se reforzará el seguimiento diario de los precios antes, durante y después de la campaña.

Bustinduy subrayó que el objetivo es garantizar una experiencia de compra transparente y ajustada a la ley: “Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras”, afirmó.

La campaña supone un mensaje doble. Por un lado, advierte a las empresas de que la normativa será aplicada “con rigor”, incluso cuando se trate de grandes plataformas o compañías con un peso considerable en el mercado. Por otro, invita a los consumidores a participar activamente en la vigilancia, anotando precios, conservando pruebas y denunciando cualquier irregularidad.

Para el ministerio, la clave es lograr que un periodo tradicionalmente asociado a grandes descuentos no se convierta en un terreno fértil para el engaño. En un momento en que el consumo digital es masivo y las técnicas de marketing son cada vez más sofisticadas, la transparencia se vuelve fundamental.

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