El Pleno del Congreso avalará este jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado en 2.600 millones de euros. El Gobierno cuenta con los grupos de la izquierda de la Cámara, que han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.

A los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno sumará los votos de Esquerra Republicana (13);  EH-Bildu (5);  Más-País Equo (2); la CUP (2); Compromís (1); BNG (1) y Nueva Canarias (1). Es decir mayoría absoluta al sumar un total de 180 votos sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe. 

Por su parte las formaciones del Gobierno y sus socios rechazarán la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que no se introducirán enmiendas. El Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido a los grupos plantear cambios en otros proyectos, ya que se trata de medidas temporales y ya hay tramitándose reformas en el sistema eléctrico en la Cámara. No obstante, el Ejecutivo espera consolidar su apoyo en otras dos votaciones del Congreso del mismo jueves en el debate de totalidad de otra de las reformas que proponen y con otro recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas. Se trata sobre el beneficio generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en sus precios centrales como las nucleares o las hidroeléctricas. Se trata de un proyecto de ley aún no en vigor que el Gobierno impulsó a principios de año y que llegó a la Cámara el pasado verano y que este jueves se enfrenta a su primeras votaciones. 

Precisamente la pasada semana, Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, abrió la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, a la espera de una posible solución de ámbito europeo. Sin embargo, la ministra ha definido como "manifiestamente incongruentes" las propuestas planteadas por la Comisión Europea, renunciando a modificar a corto plazo la regulación vigente.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado su voluntad de "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" con el fin de no perjudicar a la industria, y para "asegurar" que las compañías eléctricas no elevan su factura energética como consecuencia de las medidas, y que las plantas puedan acceder a contratos a precios "asequibles".

Teresa Ribera a debate con las eléctricas

Por otro lado, la vicepresidenta ha iniciado una ronda de contactos con las empresas eléctricas, la industria y los consumidores. De hecho, Ribera ha aclarado que en las reuniones ha pedido a las eléctricas "una implicación mucho más seria" para garantizar "precios estables y razonables" a la industria. El recorte de los denominados beneficios caídos del cielo es una medida temporal, hasta marzo de 2022, que sólo tendrá en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh --que es el precio medio del gas en los últimos años-- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

Mientras tanto, estos últimos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara. El recorte de beneficios se acompaña de una nueva batería de rebajas fiscales, bajando del 5,1% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad, y prolongando hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica,( 7%). También aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico y hasta los 2.000 millones durante el ejercicio. Todas ellas se suman a la actual reducción del IVA que pasó a ser del 21% al 10%.

Tope al gas

También se limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres y se incentivan las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España, con el fin de dotarle de mayor liquidez. Por otro lado, en lo que afecta a los usuarios en la cotidianeidad, se crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico para extender seis meses más la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo. La última de las ocho medidas del decreto ley hace alusión a una modificación del texto refundido de Ley de aguas, que fijará nuevas variables y reservas mínimas almacenadas para evitar impactos indeseados en medio ambiente por la gestión de las centrales hidroeléctricas.