El Congreso avala, sin cambios, el decreto que recorta beneficios extraordinarios de las eléctricas. El Pleno ha convalidado este jueves el decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido, y ha aprobado su tramitación sin cambios al rechazar que su admisión como proyecto de ley.

Además del PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno que suman 155 votos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1), el PRC (1) y Nueva Canarias (1). Es decir, un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) que se han abstenido.

El debate y la votación han coincidido con la convalidación del decreto ley que recorta de forma temporal, hasta el 31 de marzo, parte de los beneficios de las eléctricas por el encarecimiento del gas cuando no asumen el coste. En concreto se trata de los 'beneficios caídos del cielo’ que tienen un importe estimado por el Gobierno de 2.600 millones de euros. Además, se trata de un proyecto de ley remitido por el Gobierno el pasado mes de agosto para erradicar la sobrerretribución que reciben las centrales que, pese a no tener que asumir el coste de los derechos de emisión de CO2, se benefician de unos ingresos cuando el precio de la electricidad se encarece. 

Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, ha recordado que una medida similar ya se aplicó entre 2006 y 2009 y que fue avalada primero por la Justicia europea y después por el Tribunal Supremo. Ambos tribunales de hecho, afirmaron entonces que el funcionamiento marginalista del mercado provoca "ganancias inmerecidas" que repercuten en el precio de la electricidad cuando, en realidad, son costes que no asumen. 

Durante su intervención, la ministra ha anunciado nuevas condiciones para aplicar el recorte de los beneficios a las eléctricas y su intención de “completar” este plan de choque “en las próximas semanas” con “medidas adicionales" y también “reforzar la posición” de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social. 

Ribera también ha señalado que la norma incorpora dos propuestas: un precio mínimo de 20,7 euros por tonelada, coincidente con la cotización media de estos derechos, y adelanta a 2003 el momento a partir del cual las plantas quedan excluidas del recorte. Fue entonces cuando se publicó ese régimen de comercio. Además, ha señalado que la norma es conforme al derecho de la Unión Europea y con el criterio de rentabilidad razonable. 

El lado opuesto

Por su parte, el Partido Popular (PP), considera que el Gobierno "interviene donde no puede o no debe" y considera que el recorte "genera potenciales distorsiones". No obstante, varios grupos, e incluso la propia vicepresidenta, han recordado a los 'populares' que ya presentaron una enmienda a una iniciativa legislativa "solicitando un mecanismo similar", reclamando el desarrollo de la "limitación de la sobrerretribución de tecnologías no emisoras de CO2". Tanto PP como Vox pretenden tumbar la iniciativa a pesar de que la formación retiró a los seis días su enmienda. 

 

 

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