Tras meses de asfixia económica y pérdida de empleo, la asociación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama al Gobierno una reforma urgente del bono social. Es decir, solicitan al Ejecutivo un descuento de al menos el 50 por ciento en las facturas de luz, gas -tanto natural como propano y butano- y agua de las familias que sean consideradas consumidores vulnerables. Sobre todo después de las amenazas de las eléctricas de subir el precio del consumo energético.
La presidenta de FACUA, Olga Ruiz, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Consumo, Alberto Garzón, y Derechos sociales, Ione Belarra, un modelo de bono social que "perfectamente tendría encaje en el marco de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España".
Según afirma Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, "ante la carestía de los suministros básicos este Gobierno tiene que reaccionar interviniendo sobre las empresas y recortando márgenes de beneficio pero también garantizando la existencia de un bono social, que cubra tanto la luz, como el gas y el agua, por el cual millones de familias puedan acceder al descuento de al menos el 50 por ciento. Los límites que actualmente están desarrollados en el bono eléctrico hacen que sea inalcanzable para multitud de personas que deberían tener derecho a él pero que, además, contradictoriamente, faculta a cualquier familia de multimillonarios a que tenga esos mismos derechos. Hay que hacer un cambio radical, hay que hacerlo de manera urgente y nosotros hemos hecho propuestas".
En concreto, desde FACUA proponen que para poder considerarse consumidor vulnerable, los gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35 por ciento de sus ingresos y que estos no superen en 2 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) - que actualmente se encuentra en los 13.300 euros brutos al año-, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tuviese declarada discapacidad de al menos el 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada de forma permanente para realizar una actividad laboral, sea víctima de terrorismo o violencia de género -incluida la violencia económica-, podría acceder también al bono social, si los ingresos familiares no superan tres veces el SMI, sin perjuicio de los incrementos acumulados por cada hijo a cargo y persona mayor de 65 años.
Familias en riesgo de exclusión social
Para las familias cuyos ingresos no superen el SMI, FACUA solicita que sean consideradas en riesgo de exclusión social y el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70 por ciento de su importe. Además, si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, serán las empresas las que se hagan cargo del cien por cien de sus facturas.
Por supuesto, las bonificaciones tendrían límites: en el caso de la luz, el tope estará en 3.600 kWh anuales (una media de 300 al mes) en las familias de hasta dos personas, que aumentarán en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un tope de consumo anual de 5.200 kWh. La asociación también reclama la prohibición de cortes de suministros a todos los consumidores en riesgo de exclusión social o a cualquier familia reconocida como consumidores vulnerables.
El bono social actual
El bono social vigente en la actualidad sólo es accesible para las familias numerosas y aquellas cuyos ingresos brutos anuales no superen entre 1,5 veces el IPREM, que actualmente está en 7.908,60 euros -es decir, 11.862,90 euros-, que aumenta en función del número de hijos, dependientes o discapacitados que haya en la unidad familiar y que ésta sea o no monoparental. En el caso de la electricidad el descuento representa el 25 por ciento de la factura -el 40 por ciento para familias en riesgo de exclusión social- con límites en la parte relativa al consumo de entre 1.380 y 4.140 kWh al año. No incluye el agua y en el gas, únicamente el natural.
