El pasado 12 de noviembre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sorprendieron a propios y extraños al anunciar la firma de un acuerdo para un gobierno de coalición en tiempo récord. Lo que no fue posible durante los cinco meses que transcurrieron desde las elecciones generales del 28 de Abril hasta la disolución de las cortes a finales de septiembre, se convirtió en una realidad en menos de 48 horas.

Las consecuencias y el alcance político de dicho acuerdo están todavía por determinar, en la medida en que el pacto no tiene garantizado el apoyo por parte del resto de partidos políticos que lo tienen que hacer viable, pero en cualquier caso merece la pena evaluar su contenido económico para determinar si se ajusta a los requisitos y necesidades de una política económica que debe enfrentarse a una desaceleración global, a la transición digital y ecológica, a un bajo crecimiento potencial y a una alta desigualdad.

Comenzando por el final, el Pacto reafirma el compromiso de España con los objetivos fiscales marcados en el marco de la política económica de la eurozona. De esta manera, esperamos que España mantenga su senda de consolidación fiscal, tanto de gastos como de ingresos. Sánchez ha intentado garantizar este compromiso con el anuncio del nombramiento de Nadia Calviño como vicepresidenta económica, un puesto que se recupera desde los mandatos de José Luis Rodriguez Zapatero, quien mantuvo en esa posición a Pedro Solbes y Elena Salgado. Calviño es una economista del estado, con una larga trayectoria tanto en España como en la Comisión Europea, donde fue directora general de presupuestos, uno de los cargos con mayor importancia. Conoce bien el entramado de la política económica europea y es una ministra reconocida por su solvencia y su centrismo.

Para logar este compromiso con los objetivos de estabilidad, el acuerdo reitera la vocación de “una reforma fiscal justa y progresiva”, sin explicar exactamente a qué se refiere, y un llamamiento muy sugerente a la evaluación y control del gasto público, lo cual dirige directamente a los esfuerzos que está poniendo en marcha la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el marco del Spending Review. Ojalá sus conclusiones sirvan para rediseñar buena parte de nuestras políticas públicas para incrementar su eficiencia y eficacia y, quien sabe, mejorar la calidad del gasto público.

Partiendo de este marco, el acuerdo señala la necesidad de intervenir en el mercado laboral, planteando la lucha contra la precariedad y trabajar por un empleo digno, estable y de calidad. Ni rastro de la derogación de la reforma laboral, de manera que es bastante probable que sólo los aspectos “más lesivos” de la misma se vean sometidos a revisión. Se adivina ahí cierta controversia sobre lo que son esos aspectos “más lesivos”, que podrían centrarse en la primacía de los acuerdos de empresa, los efectos de la ultraactividad o aspectos relacionados con la negociación colectiva, pero será poco probable que el equipo económico de Sánchez transija con una recuperación de las indemnizaciones por despido previas a la reforma. La famosa “mochila austriaca”, que se propuso, en la agenda para el cambio, no se menciona.

El acuerdo continúa con una defensa -no podía ser de otro modo- de los servicios públicos, proponiendo la extensión de la educación de 0 a 3 años y el blindaje del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Es este tema de las pensiones un aspecto vertebral del acuerdo: pase lo que pase en España, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo. Un gesto dirigido a un grupo cohesionado, movilizado y con una fuerte capacidad de voto en un país que está envejeciendo y cuyas necesidades sociales se sitúan precisamente al otro extremo del ciclo vital: la primera infancia y la adolescencia. En un contexto en el que el actual sistema contributivo no tiene garantizada su sostenibilidad, cabe esperarse que este blindaje se haga efectivo a través de los Presupuestos Generales del Estado. Que cada cual saque sus consecuencias sobre esta prioridad. El acuerdo referencia también el derecho a la vivienda, que debe cumplir su papel trascendiendo su rol de activo económico. Un aspecto que ha preocupado a todo un sector que considera que los bienes raíces son un elemento más del juego financiero. Tendremos que ver en qué se sustancia esta declaración.

Tras esta defensa de las políticas sociales tradicionales -prácticamente ni rastro de nuevas políticas dirigidas a la familia o a la infancia en situación de pobreza- el acuerdo se centra en la promoción de la transición ecológica y en recuperar la primacía del sector público en la política industrial. Un paso en la buena dirección, que confirma el papel del sector público en la promoción económica, en línea con los nuevos consensos de política económica, vinculándolo además a la ciencia como motor de crecimiento. Pese a la caída de los bancos en la bolsa, no hay en el acuerdo ni rastro de la “devolución” del capital invertido en el rescate bancario, ni del mantenimiento de Bankia como banco público.

En definitiva, el acuerdo es una extensión del pacto presupuestario logrado en 2018, con los mismos elementos: focalización en políticas sociales tradicionales, equilibrio presupuestario y política industrial revivida. Socialdemocracia clásica. Quizá demasiado clásica. Pero que no justifica ni el pánico ni la euforia. Tendremos que evaluar la letra pequeña y ver qué equipos se incorporan a la gestión económica para terminar de comprender el alcance económico del acuerdo, porque de todo hay en la viña del señor. Sería muy conveniente que, en el marco de consolidar una política económica única y solvente, tanto Sánchez como Iglesias huyan de sus extremos a la derecha y la izquierda, y busquen equipos que puedan hablar entre ellos y que lleguen a los ministerios a trabajar conjuntamente, no a realizar sus particulares utopías de libro de feria.