Los dos primeros imputados en declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, son el presidente de la antigua Caja Canarias, José Manuel Suárez del Toro, y el secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Vilanueva Pareja, pero por las escaleras de la Audiencia desfilarán 33 imputados acusados de los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. En definitiva, están imputadas todas las personas que participaron en la fusión de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia y su posterior salida a bolsa.
Denuncia del colectivo "15MpaRato" y de UPyD
La investigación judicial se origina a raíz de las denuncias interpuestas por el colectivo "15MpaRato" y UPyD tras la indignación ciudadana que desató al nacionalizarse Bankia y conocerse el gigantesco agujero económico que tenía. Las comparecencias ante el juez se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que declarará el ex presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, Rodrigo Rato, glorificado por el PP como ejemplo de buen gestor y coautor -con el propio Aznar- del "milagro económico español" del que presumían los populares.
Indicios claros de fraude según el juez
El juez Andreu decidió abrir causa judicial e imputar a 33 personas porque en un auto del pasado 4 de julio afirma que los hechos denunciados "encajan plenamente en el concepto material de defraudación", y explicaba que la quiebra de Bankia "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país". El juez señalaba que "la magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento". Posteriormente el agujero de Bankia se cifraría en 23.465 millones de euros.
También en el auto el juez destacaba la "suma relevancia" de Bankia en el sistema financiero español por ser el cuarto banco más grande de España, con más de 11 millones de clientes. Además hacía hincapié en "la transcendencia de los hechos que son objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la investigación penal".
