Presuntas irregularidades internas, filtraciones selectivas a medios de comunicación conservadores, informes fabricados a medida, espionajes y contravigilancia fuera de procedimiento. Estas son las cuestiones que se han denunciado y que alimentan la percepción de la posible existencia de un entramado dentro de la Guardia Civil dispuesto a intervenir en la vida política para condicionar el devenir institucional del país. Es aquí donde entra en juego el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Juan Vicente Bonilla, que fue jefe de Fuentes de la UCO y que ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular.
Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que también hay una serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar al PP.
En concreto, en la denuncia se remarca que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
También se reseña el elemento de ocultación que utilizaba Bonilla, ya que empleaba según la denuncia el alias de ‘Roberto Alcázar’ para otorgar información al empresario José Luis Caramés, relacionado con el fraude de hidrocarburos. En este sentido, se señala la constelación de causas paralelas utilizadas “al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno e instrumentalizadas a favor de una opción política concreta”.
Una red de apoyo dentro de la UCO
Los denunciantes dejan patente de la misma forma la existencia de informadores en la Guardia Civil, haciendo a su vez referencia al atestado nº 190 presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata, en concreto, de tres agentes, bajo las iniciales de L.H., O.V.V. y F.G.S.R. Son funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
El documento remarca que L.H., además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular. Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización.
Entrada en el Gobierno de Ayuso y otros elementos llamativos
Juan Vicente Bonilla es la figura central de esta presunta red en la UCO y destaca que en 2023 fuera incorporado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros.
Su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid no es solo lo llamativo, sino que también destaca su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
Según ha podido saber ElPlural.com tras tener acceso a más de 6.300 mensajes intercambiados entre Bonilla y un confidente de la Guardia Civil entre 2016 y 2021, las sospechas de connivencia política no se limitan al terreno técnico. Además, en estas conversaciones Bonilla expresa en múltiples ocasiones su animadversión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llama “inútil”, “felón” y “mentiroso”, y proponiendo su “destierro”.
De la misma forma, hay otros elementos que apuntan a la existencia de esta ‘UCO patriótica’. Es el caso de los múltiples errores supuestamente accidentales en alguno de sus informes -la Abogacía del Estado contabilizó hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias” en uno de sus informes contra la Fiscalía General del Estado-; las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas; así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición retroactiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley.
