El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, tiene claro que el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, filtró los correos del abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, a la prensa en los que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Eso, es un hecho indiscutible. Que no hay pruebas, otro. Pero es que, además, el juez cree que el hecho de que García Ortiz borrara sus mensajes el 16 de octubre, día en el que se hizo público que el Tribunal Supremo aceptaba abrir una causa contra el fiscal general, es un indicio más que suficiente para procesarle. El problema es que, tal y como ha podido saber ElPlural.com de fuentes presenciales aquel día, el fiscal general no supo el 16 que se iba a abrir esa causa e iba a ser imputado, lo supo el 12 de octubre, día de la Hispanidad, durante la recepción en el Palacio Real de boca de una “fuente muy directa y muy relacionada con el Supremo”.
Ese día, una persona del mundo judicial informó al fiscal general que le iban a imputar. Este hecho desmonta por completo la teoría de que decidió borrar sus dispositivos móviles al saberse imputado. De hecho, podría haber hecho ese borrado hasta cuatro días antes si hubiera querido porque era plenamente conocedor de lo que iba a suceder. Así, García Ortiz borró sus móviles, y su correo electrónico como hacía siempre, pero no porque estuviera investigado, como sostiene el magistrado instructor.
Pero volviendo a los sucedido en el Palacio Real, ese día, al enterarse de que sí le iban a imputar, cuentan las fuentes consultadas que al fiscal general le mudó el rostro, siendo evidente para los presentes de que algo le pasaba, pues aunque era de dominio púbico esta posibilidad, nadie relacionada con el Supremo se lo había dicho tan claro. Fue en ese momento cuando varias personas le preguntaron qué le ocurría, a lo que Álvaro García Ortiz respondió contando lo que le acababan de decir. Entre las personas que también supieron el tema de la imputación hay altos cargos del Estado.
Siguientes movimientos
Es en este momento, y viendo que Hurtado sigue considerando como indicio principal el borrado tras la imputación, que desde el entorno del fiscal general se plantean muy seriamente citar, tanto a la persona que le dio la información, como al resto que le preguntaron ese día.
Esta citación podría suponer un antes y un después, tanto en la instrucción judicial como en la carrera profesional de la persona que le dijo al fiscal lo que iba a pasar, ya que supuestamente, y aunque se le informara como un “gesto institucional”, la realidad es que legalmente no debería haberlo hecho, y menos sin que los magistrados del Supremo se hubieran reunido todavía.
Otro punto de interés es la posibilidad de que Hurtado deniegue las declaraciones. Es en este momento donde los magistrados del Supremo que revisan las apelaciones de este caso se pueden encontrar con el “marrón” de su vida, pues denegar una declaración que puede desmontar el principal indicio sería un escándalo, y el Constitucional y Europa pueden colorearles la cara a base de bien; y por otro, si las aceptan dejarán en la cuerda floja a una persona no solo relacionada con ellos, sino de suma importancia para la carrera judicial.
