La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se da cita este lunes para posicionarse políticamente. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, anunció el pasado jueves su decisión de convocar de urgencia a la cúpula empresarial para dar una respuesta unitaria al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts per Catalunya. Con el acuerdo más reposado y muchas dudas aún sobre la mesa, los empresarios se verán las caras este lunes a las 16:00 horas ante la “preocupación existente en el mundo empresarial” de cara a la previsible nueva legislatura comandada por Pedro Sánchez.
En un escueto comunicado, la CEOE anunciaba la convocatoria de urgencia realizada por su presidente, de la que emanará la posición oficial que cabe esperar que sea contraria al pacto cerrado entre nacionalistas y socialistas. “Tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes en el que se abordará la situación de España”, reza el comunicado de la patronal.
Pocas son las organizaciones, asociaciones o agrupaciones que aún no se han posicionado. Desde fuerzas del orden, pasando por casi la totalidad de las subdivisiones territoriales de la CEO, y hasta los empresarios del metal se han posicionado ya en contra del documento firmado por Santos Cerdán y Carles Puigdemont. “Nos preocupan los compromisos económicos que favorecen a determinadas regiones”, han denunciado desde la patronal asturiana, alegando desigualdad de condiciones entre los diferentes territorios. En la misma línea se han pronunciado en otras regiones españolas.
"No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros", han denunciado las organizaciones de Murcia. "Este acuerdo va a provocar un aumento de la presión fiscal, lo que lastrará la competitividad de todo el tejido empresarial, provocará pérdidas de empleo y perjudicará el desarrollo económico”, protestan desde tierras leonesas.
“Los empresarios sólo pueden trabajar y crear riqueza si existe un marco jurídico estable y seguro, algo que, evidentemente, no se produce en la España actual", han espetado, argumento muy utilizado en las últimas semanas por el bloque conservador. No obstante, lo cierto es que todavía no se conocen las políticas que se desarrollarán a raíz de un poco más de cuatro páginas de acuerdo. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con más tiempo caducado que en vigencia, se ha posicionado en contra de una ley de amnistía que todavía se conoce.
Patronal catalana y sindicatos, a favor
“Derramar sangre por España”, ha llegado a prometer la asociación mayoritaria de Guardias Civiles. Y en toda esta maraña, una patronal se destaca por su nada sorprendente ilusión. "Cualquier acuerdo que promueva facilitar el retorno de las empresas a Catalunya es bienvenido. La condición necesaria para este retorno es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica para favorecer un clima social y económico que promueva la confianza necesaria para la atracción de inversiones y la mejora de la productividad del país", se pronunciaba hace unos días Foment del Treball, organización empresarial catalana.
En esta dirección han apuntado también los sindicatos mayoritarios. "España necesita recuperar cuanto antes un gobierno en plenas funciones que afronte con sensibilidad social los importantes retos que tenemos como país" valoraron CCOO y UGT el acuerdo. En lo referido a la amnistía, los dos sindicatos han afirmado ser "conscientes de las polémicas y dificultades" de los diversos acuerdos alcanzados para la investidura. "La llamada 'ley de amnistía' puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España y en Cataluña", han defendido CCOO y UGT.
"Reconocemos que medidas anteriores han servido tanto para pacificar la situación en todo el país como para impulsar la marcha económica de los territorios afectados, por lo que esperamos que apuestas más audaces en el ámbito de nuestra norma fundamental de convivencia, cuya máxima interpretación corresponde en todo caso al Tribunal Constitucional, sirvan para dejar definitivamente atrás los episodios ligados al 'procès'", explicaban las organizaciones sindicales, que apuestan por la negociación y los pactos políticos y descartan "cualquier escenario de unilateralidad".
