Esta semana, múltiples multinacionales han ido publicando sus resultados trimestrales. Como es habitual, de sus cuentas se desprenden beneficios milmillonarios, ajenos a la crisis que tanto la ciudadanía como las pequeñas empresas han sufrido. La gran banca y las energéticas, que han multiplicado sus ganancias en estos últimos años aprovechando la coyuntura internacional, están bajo el foco y la posible prórroga de los impuestos extraordinarios a estas compañías ha reabierto un debate encarnizado que enfrenta al Gobierno con las patronales.

El acuerdo firmado por PSOE y Sumar de cara a la investidura de Pedro Sánchez recoge la pretensión de mantener estos gravámenes para “recaudar 10.000 millones de euros”, explicaba Yolanda Díaz, destinados a abaratar la factura de la luz de los hogares y sostener ayudas directas. Este viernes, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido este viernes el mantenimiento de estos impuestos. “Por supuesto que hay margen” para que estas empresas que están presentado resultados “milmillonarios” realicen una aportación fiscal mayor, ha garantizado en una entrevista concedida a RNE.

"Los resultados milmillonarios que estamos conociendo estos días de los bancos, de las entidades energéticas, explican y ponen sobre la mesa que es necesario que contribuyan, pues han de contribuir más quienes más tienen y en este momento quienes están teniendo unos beneficios tan extraordinarios", ha explicado la candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no comparte esta visión y, apoyándose en las palabras del presidente de Repsol, que amenazaba con llevarse próximas inversiones a otro país, ha defendido las fugas empresariales.

Si existen “impuestos a la carta” destinados a grandes compañías que están percibiendo mayores ganancias gracias al contexto mundial, estas "tienen el derecho de buscar los espacios adecuados", ha defendido el líder de la patronal en declaraciones a Onda Cero. El discurso de la “inseguridad jurídica” y la “inestabilidad regulatoria”, promulgado durante la campaña electoral, retorna a las organizaciones empresariales, que cargan contra tributos destinados expresamente a multinacionales que se están enriqueciendo a costa del empobrecimiento de la población.

Sobre la posible marcha de empresas, en busca de paraísos donde pagar menos impuestos, Calviño ha advertido de la deriva europea. "Yo lo que veo es justamente que cada vez son más los países que están poniendo este tipo de impuestos y, por tanto, la tendencia está muy clara”, ha apuntado. Además, se ha mostrado tranquila ante las amenazas, dado También que “los inversores internacionales apuestan por España precisamente porque es un país que tiene paz social y un entorno favorable a la inversión y también porque tenemos precios de la energía más bajos que los países de nuestro entorno".

La banca infla sus beneficios gracias a la subida de los tipos de interés, mientras no aumenta la remuneración a los ahorros de sus clientes. Las energéticas continúan disfrutando de los beneficios llovidos del cielo, propiciados por la inestabilidad geopolítica, y la factura de luz y gas siguen disparadas. Sin embargo, Garamendi se ha reafirmado y ha defendido que “cuando vemos impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total y son impuestos porque sí, las empresas tienen el derecho de buscar los espacios adecuados".

"Las compañías son de sus accionistas, invierten y tienen que ser retribuidos”, ha defendido el empresario vasco. Pero las decisiones en materia tributaria están al cargo del Gobierno electo que se conforme después de que los ciudadanos ejerciesen su soberanía a través de las urnas. No obstante, el dirigente de las organizaciones empresariales ha instado también al Ejecutivo a no dejar “tranquilas” las cotizaciones sociales, asegurando que así “subirían” los salarios, algo que no ha sucedido con anterioridad, pero garantiza que en esta ocasión si sucedería.

Pese a las palabras de Garamendi, la vicepresidenta ha querido quitar importancia a la situación y ha emplazo a una conversación futura. "Estoy segura de que cuando nos veamos podremos hablar de todas estas cuestiones, pero yo creo que la inmensa mayoría, por no decir todos los ciudadanos españoles, apoyan una política que nos permite seguir avanzando y reduciendo la desigualdad y para eso tenemos que tener un sistema fiscal más justo", ha señalado.

Además, sobre el diálogo exigido por las patronal para la imposición de gravámenes como el del 15% sobre sociedades, contemplado en el acuerdo y defendido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Calviño ha evidenciado el consenso internacional sobre esta política. "Es una medida que se está poniendo en marcha en toda Europa, precisamente para evitar la competencia fiscal que nos empobrece a todos”, ha indicado.

No obstante, tanto en este aspecto como en la tan polémica reducción de la jornada laboral, la ministra de Economía ha garantizado que habrá diálogo social. “No es lo mismo un sector que otro, una empresa que otra, y esas decisiones tienen que hacerse de manera que se proteja la productividad y que se proteja el crecimiento económico y que se puedan seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y también mejorar los márgenes empresariales", ha justificado.