La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha reafirmado el compromiso de España en salvaguardar los intereses estratégicos del país ante la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de la empresa saudí STC. Desde Nueva Delhi, donde asiste a la Cumbre del G20 –debido a la baja de Pedro Sánchez por dar positivo por COVID-, Calviño se pronunció sobre la solicitud de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de detener esta transacción.
“Somos un país serio, vamos a analizar la operación. Los intercambios que se producen en el Gobierno no son para andarlos comentando. Pero la posición del Gobierno es clara. Hemos reforzado los mecanismos de protección de los intereses de España haciéndolos compatibles con la atracción de inversión extranjera, que es muy importante para la modernización tecnológica de nuestro país”, ha subrayado Calviño este sábado. “España es un país serio, haremos un análisis riguroso y aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico”, ha insistió la titular de la cartera de Economía.
Asimismo, Calviño ha evitado detallar la respuesta dada a Díaz durante la comunicación del rechazo a la operación, pero aseguró que se aplicarán "todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España". En este sentido, cabe recordar que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar se mostraba tajante este viernes al señalar que el Gobierno no podía “consentir” que esta operación continuara, máxime teniendo en cuenta que se trata de una empresa con fuertes vínculos con el régimen saudí, uno de los regímenes más autocráticos de la actualidad.
De esta manera, la vicepresidenta de Economía ha incidido en la seriedad con la que España está abordando este asunto, destacando que se analizará la operación con la máxima rigurosidad. Así, ha adelantado que se tomarán las decisiones pertinentes y se activarán los “mecanismos adecuados” para resguardar el interés general del país y de esta empresa estratégica.
Por otra parte, Calviño ha resaltado el papel crucial que desempeña Telefónica en la defensa y seguridad de España, subrayando además la importancia de la inversión extranjera para el crecimiento económico y la modernización tecnológica del país. No obstante, ha hecho hincapié en la necesidad de equilibrar estos aspectos con la protección de los intereses nacionales.
Por último, la titular de Economía ha indicado que no tuvo la oportunidad de discutir la operación con el Príncipe heredero saudí, presente también en la Cumbre del G20. Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno mantiene un contacto constante con Telefónica y que el presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, la mantiene puntualmente informada sobre la situación.
Arabia Saudí estudia pedir puestos en el consejo de Telefónica
En otro orden de cosas, y también relacionado con el asunto, este viernes Arabia Saudí comunicaba oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su adquisición del 9,9% de Telefónica, valorada en 2.100 millones de euros. Además, la firma de telecomunicaciones que controla el Gobierno saudí, Saudi Telecom Company (STC), advertía en el documento remitido a la CNMV de que necesita “la aprobación del Consejo de Ministros español” para cerrar parte de su operación y abría la puerta a reclamar puestos en el consejo de administración.
En esta operación no se aplica el escudo antiopas creado por el Gobierno en la pandemia y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 por no llegar al 10%, pero sí la capacidad de veto del Gobierno por tratarse de una empresa estratégica en Defensa. Pero en este sentido entra en juego la aprobación veinte días antes de entrar en funciones el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que en su artículo 18.2 elimina la capacidad de veto para inversiones extranjeras en Defensa de “entre el 5 y el 10% del capital social”.
Concretamente, este Real Decreto establece que “se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización, y el consecuente requisito de autorización administrativa previa, en los siguientes casos: a) La inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5 por ciento del capital social de la sociedad española, siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración. b) Cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10 por ciento del capital social”.
En el último caso, el Decreto añade que se permitirá sortear controles “siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamente y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada”.
