La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, ha trasladado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que el Gobierno “no puede consentir” que la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la Telefónica continúe.

“Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender”, ha señalado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación del libro 'Por una Constitución de la Tierra' de Luigi Ferrajoli.

Según ha explicado Díaz, España debe “pensar” en cuáles son los sectores estratégicos del país, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores y cuáles son los límites. “Desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca”, ha insistido.

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“Todos los países reglan y normativizan estas situaciones”, ha apuntado al respecto, añadiendo que cree que España tiene mucho que hacer todavía en materia industrial, especialmente en lo referido a los sectores estratégicos. "Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país. Y como tal empresa estratégica y con el manejo de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos, -no solamente es el petróleo en el siglo XXI- y que todo radica en los mismos, desde luego mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe”, ha remarcado.

El pasado miércoles, tras conocerse la operación saudí en Telefónica, Calviño enfatizó que esos mecanismos para garantizar la defensa de los sectores estratégicos se han “reforzado” durante el mandato de Pedro Sánchez. Al tiempo, pedía ser prudente y no criticar explícitamente esa compra ni adelantar cuál será el posicionamiento del Gobierno.

Con esta operación, la saudí STC se convierte en el máximo accionista, superando a otros como Blackrock, BBVA y CaixaBank. Por un lado, STC compra un 4,9% de manera directa, y el 5% restante lo realiza mediante la adquisición de derivados financieros sobre acciones que se convertirán finalmente en títulos de la compañía.

Esta no es la primera que Yolanda Díaz se pronuncia tajante al respecto, ya lo hizo poco después de transcender la noticia, cuando pedía “preservar la autonomía estratégica” de las compañías españolas. “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles”, dijo, añadiendo su reclamación de “una mejor regulación y una protección para evitar” ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA).

La primera persona del Ejecutivo nacional en pronunciarse sobre el desembarco de STC en Telefónica fue la portavoz, Isabel Rodríguez. El mismo miércoles aseguró que el Gobierno iba a velar por preservar la “autonomía estratégica” de la teleco española, marcando las pautas de un discurso que posteriormente irían repitiendo otros miembros del Consejo de Ministros. “El Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad”, comentó en declaraciones a RTVE.

Si la empresa saudí no ve la luz verde del Ejecutivo se quedaría con el 4,9% de las acciones de Telefónica, pero si se acepta la operación al completo, se materializaría la inversión más importante de un país de Oriente Medio en una compañía del Ibex 35, solamente comparable a la que con Iberdrola llevó a cabo el fondo soberano catarí Qatar Investment Authority.