El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido al Congreso durante más de una hora para dar cuenta del estado de la Unión. La piedra angular de la comparecencia ha sido su plan fiscal centrado en subir impuestos a las grandes corporaciones, que ha presentado ante los congresistas con la intención de que estos lo aprueben. "Bajo mi plan, finalmente estaremos haciendo que las corporaciones más ricas y más grandes comiencen a pagar su parte justa. Terminemos el trabajo. Aprueben mi propuesta de un impuesto mínimo", ha proclamado el máximo mandatario estadounidense.
Con un discurso similar al esgrimido por el Gobierno de España y otros muchos Ejecutivos del mundo, centrado en los beneficios extraordinarios que las empresas están obteniendo como consecuencia de la guerra y la crisis inflacionista, Biden ha reiterado la necesidad del impuesto del 15% a las grandes fortunas aprobado recientemente. "Gracias a la ley que firmé, las empresas multimillonarias tienen que pagar un mínimo del 15%. Solo el 15%. Eso es menos de lo que paga una enfermera. Que quede claro", ha sentenciado. A esto ha sumado dos nuevas propuestas dirigidas a los que más tienen: un impuesto mínimo a los milmillonarios y cuadruplicar la tasa sobre recompra de acciones por parte de las empresas.
Además, el presidente ha hecho un repaso por las cuentas de las 55 grandes compañías norteamericanas, que en 2020 aglutinaron 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en beneficios. Por estas ganancias pagaron “cero impuestos” federales sobre la renta, ha espetado, situación que considera injusta y necesaria de solucionar. "Porque cuando a la clase media le va bien, a los pobres les va bien y a los ricos les va muy bien", ha justificado. Así, comienzan a aparecer trazas de proteccionismo en la sede central del neoliberalismo que, ante la situación de vulnerabilidad absoluto de muchos estratos de su sociedad, se ve obligada a abordar este tipo de políticas redistributivas.
Proteccionismo que golpea a Europa
Este posicionamiento nacionalista económico ha quedado constatado con las palabras de Biden en pro de consumir productos estadounidenses. Siguiendo la línea de su polémica Ley de la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que ha molestado en gran medida a la Unión Europea por lo desleal de su competencia, ha anunciado nuevas medidas. “Esta noche también anuncio nuevas normas que exigirán que todos los materiales de construcción utilizados en los proyectos federales de infraestructuras se fabriquen en Estados Unidos. Madera, vidrio, paneles de yeso y cables de fibra óptica fabricados en Estados Unidos. Bajo mi mandato, las carreteras, los puentes y las autopistas americanas se harán con productos americanos”, ha asegurado.
Para responder a este rumbo marcado por EEUU, este jueves los presidentes de los Veintisiete se reúnen en Bruselas para debatir qué posición asumir ante este “neoproteccionismo”, tal y como lo denomino Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos. La IRA, aprobada por el Ejecutivo de Biden en agosto del pasado año, contempla subsidios para la transición ecológica de las empresas por valor de unos 400.000 millones dólares. Bien recibida en Europa la apuesta por la transición ecológica del gigante económica; no tanto las exigencias proteccionistas contempladas que dejan en una posición desnivelada a las economías europeas.
De hecho, como confirman eurodiputados y miembros de la Comisión de Energía europea, ya se están produciendo fugas de empresas e inversiones hacia EEUU. “Con empresas energéticas grandes, y con otras no tan grandes, y soluciones innovadoras en la descarbonización que están teniendo ofertas para irse. Hay empresas que están dirigiendo sus inversiones a EEUU por la IRA y esto hay que pararlo”, aseguraba a este periódico, Nicolás González, eurodiputado y miembro de la comisión mencionada anteriormente. Ahora, los pesos pesados económicos del viejo continente deberán decidir si asumir una posición individualista y desunida, defendida por países frugales y ortodoxos económicos, liderados por Países Bajos; o definir un fondo común de soberanía para dar una respuesta consensuada y unitaria, tal y como defiende España, entre otros países.
