BBVA ha decidido no intervenir en la consulta pública abierta por el Gobierno respecto a la oferta pública de adquisición (OPA) que la entidad lanzó sobre Banco Sabadell. Así lo han confirmado fuentes cercanas al banco presidido por Carlos Torres.
Según estas fuentes, "BBVA considera que no hay factores de interés general afectados por la operación". Además, subrayan que los compromisos asumidos por la entidad ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contribuyen a reforzar la inclusión financiera, la cohesión territorial y el acceso al crédito para pymes y autónomos.
Desde el entorno del banco vasco han explicado que como parte interesada en el procedimiento, BBVA ha trasladado sus observaciones directamente al Ministerio de Economía y a otras autoridades competentes, dentro del propio procedimiento formal.
Durante el último año, BBVA ha sostenido que la OPA beneficia tanto a clientes como a empleados y accionistas de ambas entidades. Asimismo, ha defendido que permitirá aumentar la capacidad de financiación en 5.000 millones de euros.
Por su parte, Banco Sabadell sí ha participado en la consulta pública, según confirmaron fuentes de la entidad catalana. Su consejero delegado, César González-Bueno, ya había anticipado esta intención el pasado 8 de mayo durante la presentación de resultados trimestrales.
Esta consulta pública representa un hecho inédito en operaciones corporativas en España, ya que es la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública para una operación corporativa de este tipo aunque es una herramienta habitual en otros procesos normativos.
Aunque el CEO de Banco Sabadell no reveló el contenido de la respuesta del banco, en una conferencia con analistas ese mismo 8 de mayo aseguró que la operación debería tener unos "'remedies” significativos para mitigar el daño que podría generar.
En este sentido, también destacó que existe un "rechazo generalizado" por parte de los actores económicos y que la acción de BBVA "ha perdido valor para ser moneda de cambio" en la operación.
El plazo para participar en esta consulta concluye este mismo viernes. A partir de entonces, el Ministerio de Economía tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros. "La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia OPA", ha enfatizado este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a 'La Hora La 1' . El ministro ha detallado que el Ejecutivo busca obtener "información cualitativa relevante" de cuáles son los motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas.
Próximos pasos
Si el caso se eleva al Consejo de Ministros, el Gobierno dispondrá de un mes para decidir si aprueba la operación bajo los términos acordados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si impone condiciones adicionales a los compromisos planteados por BBVA. Cabe destacar que la legislación no permite al Gobierno bloquear la operación en este procedimiento.
Una vez el Ejecutivo finalice su revisión, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien deberá aprobar el folleto de la OPA. Tras ello, BBVA tiene que decidir el periodo de aceptación de la OPA, que puede ir de 15 a 70 días, según la normativa.
El pasado 30 de abril, la CNMC dio luz verde a la operación en fase 2, con compromisos, y por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell. El regulador identificó riesgos en mercados de banca minorista —tanto para particulares como para pymes y autónomos— y en los medios de pago. No obstante, concluyó que los compromisos ofrecidos por BBVA son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia.
En concreto, la CNMC acordó con BBVA una serie de compromisos ('remedies' en la jerga) para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia.
La mayoría de los compromisos tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y 18 meses en el caso de los cajeros. La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos durante el tiempo estipulado y BBVA deberá informar periódicamente a la autoridad.
