Marina Lopez, una anciana de 94 años, ha sido desahuciada del piso en Lavapiés en el que llevaba viviendo 34 años. Después de resistir a dos intentos previos, este miércoles un fuerte operativo policial ha desalojado a la vecina del barrio madrileño. Entre gritos de “vergüenza”, Marina ha tenido que ser atendida por el Samur Social y trasladada en camilla a una residencia. La presión vecinal no ha podido frenar la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se ha personado múltiples furgones y múltiples efectivos.
El delicado estado de salud de la inquilina, que tienen una dependencia de segundo grado, no ha frenado su expulsión. En la calle Doctor Fourquet ya no quedaba nadie media mañana y las calles aledañas, cortadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad desde las 7:00 horas, han recuperado su tráfico habitual. “El barrio es mi casa y los vecinos mi familia”, lamentaba la anciana en los momentos previos a su desalojo. Más de tres décadas llevaba en el barrio al que llegó desde Cuba cuando aún tenía 60 años.
Este es el momento en el que una ambulancia se lleva a Marina, vecina de Lavapiés de 94 años, de la casa en la que ha vivido 34 años. Al tercer i tentó, desahucio ejecutado. De momento, el Samur Social la traslada a una residencia.
— xLavapiés (@xlavapies) July 10, 2024
Gran despliegue policial. Gritos de "vergüenza" pic.twitter.com/Bfd90kAVBz
Marina percibe una pensión no contributiva de 517 euros y desde hace dos años no podía hacer frente al pago del alquiler. La renta de 700 euros superaba con mucho sus ingresos mensuales y el impago acumulado por la vecina ascendía hasta los casi 11.000 euros. En los dos intentos de desahucio anteriores, el 6 de febrero y el 7 de junio, el medio de centenera de vecinos congregados en torno al portal habían conseguido evitar el desalojo, pero este miércoles no han podido frenar a las decenas de policías.
El Juzgado de Primera Instancia número 53, responsable de la orden de desahucio, no ha atendido, ni en esta ocasión ni en las dos anteriores, a la situación médica y de vulnerabilidad de la vecina. Es más, el lanzamiento de junio fue fechado menos de un mes después de que Marina abandonase la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por un colapso general, pese a que los médicos habían recomendado reposo a la anciana, a la que visita una trabajadora social cuatro veces por semana.
La vulnerabilidad está confirmada por el Samur Social, pero esto tampoco ha servido para detener el desahucio. La arquitecta y pintora cubana, que ya no desarrolla ninguna de las dos actividades por su grado de dependencia, no volverá a sentarse en el sofá en el que pasaba gran parte de sus días. El pequeño piso, de en torno a 60 metros cuadrados, presenta unas condiciones de habitabilidad cuestionables y las pocas mejoras acometidas han corrido a cargo de Marina.
Lavapiés, tierra de desahucios
El barrio madrileño se ha convertido en un foco de desahucios como consecuencia de la gentrificación imperante. La especulación inmobiliaria se lleva por delante a decenas de familias como la de Zohra, que hace apenas dos semanas fue expulsada a la calle pese a cumplir todos los requisitos de vulnerabilidad establecidos en la ley de suspensión de lanzamientos. Sin embargo, el juez responsable decidió no aplicar la suspensión de desahucios argumentando la inquilina no podía demostrar que su casero posee al menos 27 viviendas.
La familia si presentó la documentación que probaba la condición de gran tenedor del propietario, pero el juez decidió ignorarla. El Sindicato de Inquilinos de Madrid denunció la situación y acompañó a la afectada que, además, vivía en un piso inhabitable: humedad extrema, infestaciones de chinches y cucarachas y graves problemas estructurales como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua. El casero, afincado en Tenerife, se negó a acometer las reparaciones y, como consecuencia, la afectada y su hijo adquirieron problemas respiratorios hace años.
En este caso, como en el anterior, la familia percibía una prestación insuficiente para hacer frente al alquiler. “El caso de Zohra no es aislado”, denunciaban el 25 de junio desde el Sindicato y el tiempo ha tardado muy poco en darles la razón. “Tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios. Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal”, valora el sindicato.
