En una época donde la crisis de vivienda ha alcanzado niveles alarmantes, los desahucios se han convertido en una práctica cruel y deshumanizadora que expulsa a familias vulnerables de sus hogares, profundizando su precariedad y desesperación. Este fenómeno, a menudo alimentado por la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas efectivas, refleja una sociedad que privilegia el interés económico de unos pocos sobre los derechos básicos de muchos.
De esta manera, el último ejemplo de esta práctica, que pone de manifiesto las tensiones entre la justicia y los derechos de los inquilinos, Zohra y su familia serán desahuciados este miércoles a primera hora de su hogar en Lavapiés (Madrid), a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que deberían protegerles bajo el Real Decreto vigente.
Tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el juez responsable ha decidido no aplicar la suspensión de desahucios argumentando que Zohra no ha demostrado que su casero posee al menos 27 viviendas. Sin embargo, la familia ha presentado documentación que acredita que el propietario tiene un bloque de pisos en Lavapiés y varias otras propiedades, lo que debería haberles protegido de ser desalojados.
Las condiciones “deplorables”
Además, según el citado sindicato, la situación de Zohra y su familia es desesperada. Viven en un piso que presenta condiciones insalubres: humedad extrema, infestaciones de chinches y cucarachas, y graves problemas estructurales como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua. Estas condiciones han afectado gravemente la salud de Zohra y su hijo menor, quienes sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años.
Para más inri, el casero, residente en Tenerife y propietario de 27 viviendas, se ha negado sistemáticamente a realizar las reparaciones necesarias. Todo el edificio, propiedad del mismo dueño, enfrenta problemas similares, y los inquilinos han estado sin agua caliente durante meses.
“El caso de Zohra no es aislado”
“Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital. Actualmente, los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud. A pesar de llevar más de un año solicitando una alternativa habitacional en Servicios Sociales, las administraciones no han dado respuesta y Zohra se enfrenta mañana a su desahucio”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
“El caso de Zohra no es aislado. Cada vez más, observamos cómo los jueces -como Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70- deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo”, continúan denunciando desde el sindicato. “Esta tendencia preocupante muestra una clara desconexión entre las necesidades de las personas vulnerables y las decisiones judiciales. El Gobierno trata de convencer a la población de que no hay desahucios mientras se ejecutan 82 desahucios diarios en el Estado Español”, añaden.
“Desde el Sindicato de Inquilinas tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios. Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal. Mañana desde las 07.30h estaremos en la Calle Zurita, 31 para hacer frente a quienes pretenden echarnos de nuestras casas y nuestros barrios”, sentencian.
El desahucio se producirá menos de dos semanas después de que el Congreso los prohibiera hasta 2028
Por otra parte, cabe destacar que estos desahucios se siguen sucediendo a lo largo y ancho del país, dejando imágenes durísimas por el camino y destrozando vidas, pese a que el Congreso de los Diputados aprobaba recientemente, por unanimidad, la prórroga del decreto para suspender los desahucios hipotecarias hasta 2028.
Para ser más precisos, el pasado jueves 13 de junio, la Cámara Baja aprobaba unanimidad el decreto para prorrogar cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad, hasta el 15 de mayo de 2028. Además, acordaban que se tramitara como un proyecto de ley para poder incorporar cambios a la norma.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, justificaba la necesidad de mantener esta protección "para evitar situaciones de exclusión social de esas personas que pueden perder su vivienda si no pueden pagar la letra de la hipoteca", en una coyuntura de tipos de interés en la que "el futuro sigue siendo incierto".
La medida procede del llamado 'escudo social' de la pandemia y se ha venido ampliando periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028 y que afecta a supuestos de "especial vulnerabilidad", fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.
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