El viernes 20 de septiembre de 2019, Yurki, mujer soltera con un hijo de cuatro años, afrontaba la que podría ser su última mañana bajo un techo. En su portal del municipio madrileño de Alcorcón, decenas de activistas se congregaban para frenar la furia policial y darle a la familia una noche más al resguardo del que llevaba siendo su hogar varios años. La antigua normalidad, alejada de las mascarillas y los confinamientos, pero con los mismos desahucios diarios que han sobrevivido al virus y perduran en la actualidad.
Aquel día, la lucha vecinal triunfó y una madre y su hijo durmieron abrazados en su hogar. Cabezas abiertas, contusiones, luxaciones, cortes y múltiples heridas llenaron los partes médicos. Ningún golpe de goma antirreglamentario pudo con la fuerza de los allí presentes. Sin embargo, la frustración activó la maquinaria y los furgones volvieron a la comisaría con dos inquilinos más. Ahora, más de cuatro años después, tres personas se enfrentan a tres años y medio de cárcel por no dejar sola a su vecina.
La Policía Nacional ha decidido denunciar a tres activistas por tres delitos, según el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com: atentado (petición de 18 meses de prisión), alteración del Orden Público (dos años de prisión) y lesiones Leves (multa de 600 euros). ElPlural.com ha accedido a la denuncia y ha podido entrevistarse con una de las personas encausadas, detenida y agredida aquel día. En la fecha en la que se desarrollaron los hechos tenía 22 años y no duda en señalar lo que para ella es claro, flagrante y se repite constantemente a modo de reprimenda contra los colectivos sociales organizados: "Montaje policial".
Las cargas policiales que han motivado el proceso judicial que empieza este jueves llegaron con el desahucio ya suspendido, tal y como confirma uno de los acusados entrevistado por este periódico. Los ánimos entre los allí presentes eran de “celebración” y “ninguna amenaza, hostigamiento o peligro” inundaba el ambiente. Sin embargo, estos son los argumentos que esgrime la acusación para justificar una intervención que fue denunciada ante los tribunales (y desestimada en dos instancias) por “abuso de poder”.
La actuación de los agentes concluyó con la rotura de la luna de una autoescuela, dos detenidos, cuatro manifestantes heridos (siete grapas en la cabeza, cierre de un corte en la pierna y diversas contusiones) por la carga que se ve en el vídeo que la defensa adjunta como prueba y varios policías con lesiones (desconocidas) que los manifestantes niegan y atribuyen a un intento de castigo contra la resistencia vecinal.
Desokupa, invitados especiales a una tragedia en varios actos
Es necesario remontarse 851 días atrás para volver a aquel 20 de septiembre. La mañana transcurría con la cruda normalidad con la que cada día los activistas por la vivienda arriesgan su integridad física con su cuerpo como única arma (pacífica). El desahucio estaba fijado a las 10:30 y a su llegada a las inmediaciones del portal, varias horas antes como marca el protocolo, la policía no había llegado. En esta ocasión, el operativo policial no se había desplegado en plena madrugada para incapacitar la acción vecinal (una buena noticia).
Sin embargo, por los aledaños deambulaban unas figuras que resultaban familiares en el barrio y que rápidamente fueron reconocidas por los allí presentes. Rapados, con aires chulescos y con la tranquilidad de los que se saben impunes, varios miembros de una empresa desokupa serían los invitados especiales, a la postre testigos en el juicio en favor de los agentes de policía. Las semanas anteriores al desahucio ya habían hecho aparición justo en el portal de enfrente, también propiedad de Bankia, donde acosaron y coaccionaron a una mujer con cáncer, a su hija de cuatro años y a su marido.
Su furgoneta funcionaba como centro de operaciones, mal aparcada encima de la acera de una de las calles céntricas de Alcorcón. A las 10:00 de la mañana, los primeros furgones policiales comenzaron a llegar y el operativo se desplegó rápidamente. Sobra decir que ningún agente tuvo a bien encargarse de la infracción de estacionamiento de los desokupadores. La comitiva judicial no estaba citada hasta las 10:30, pero “la policía intentó acceder al portal antes de que llegaran”, confirma
“Su actitud era chulesca y amenazante”, asegura. Media hora transcurrió hasta que los enviados del juzgado aparecieron y se dispusieron a negociar con el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), proceder habitual en estos casos. Minutos de conversación después, se alcanzó un acuerdo que aplazaba el desalojo de la mujer y el menor durante tres semanas, estableciendo el lanzamiento el 8 de noviembre de 2019. “Alegría, satisfacción, jolgorio”, múltiples son los adjetivos pronunciados por nuestro entrevistado que, en aquellos momentos de fulgor, jamás habría imaginado que acabaría la mañana engrilletado.
La historia no concluiría ahí. Dos miembros de la empresa desokupa decidieron lucir el señorío que les caracteriza y se marcharon del lugar riéndose de los activistas, insultándoles y gesticulando de forma amenazante desde la acera de enfrente. “No íbamos a permitir que esos nazis se chuleasen en nuestro barrio”. La respuesta llegó desde el otro lado en los mismos términos, pero la presencia policial evitó que siquiera pudiesen acercarse las partes. Con los rapados en la furgoneta rumbo a otra parte, comenzó la carga policial.
Varios vídeos se grabaron de aquella intervención (uno el que encabeza esta noticia) y ninguno de los visualizados por este medio está libre de golpes que van en contra del protocolo de actuación de las fuerzas del orden. Uno de los encausados recibió un porrazo a dos manos directo a la boca que le saltó las gafas, múltiples personas se llevaron golpes policiales en la cabeza y los caídos se agolpaban en el suelto, salvo aquellos que habían sido arrojados contra la luna de un comercio local que se fracturó y ahora se reclama su coste a los denunciados.
Los golpes no pudieron opacar la victoria social de aquel día. No con Yurki y su hijo en casa por unos días más. Las plazas de Alcorcón se llenaron esa tarde de honor y rabia, con las manifestantes de la Avenida Portugal y los de colectivos de toda la Comunidad de Madrid que se desplazaron para apoyar la denuncia contra la “represión policial”. Las heridas se han cerrado, pero, en tiempos en los que el lawfare llena bocas, el juzgado es el más doloroso de los castigos para los que resisten. Ser valiente sigue saliendo igual de caro y a los cobardes, rapados o trajeados, les sigue valiendo la pena, aunque sea económica.
