Las desigualdades sociales continúan incrementándose en España y las crisis sanitarias y económicas de estos últimos años no han hecho más que ampliar una brecha que ya era demasiado grande. El incremento del precio de la vida, el inaccesible mercado de la vivienda, los 110 desahucios diarios, la congelación de los salarios y el encarecimiento de todos los bienes y servicios, para engrosar las cuentas empresariales, castiga cada vez a más hogares y, como consecuencia, más personas se ven empujadas a la calle y son abandonadas en una situación de sinhogarismo para la que la única solución es un albergue.
El salario más frecuente en todo el país, que cobran más medio millón de personas (563.384), fue de 18.502,54 euros anuales en 2021, 1.321,61 euros brutos al mes. El segundo salario más cobrado, casi con la misma cantidad de trabajadores (560.327), fue 16.487,22 euros anuales, lo que colocó el sueldo mensual antes de impuestos en los 1.177 euros. La mitad de los trabajadores, según la mediana (21.638,69 euros) cobraba menos de 1.550 euros al mes. Mientras, el precio del alquiler está disparado y roza los 1.000 euros mensuales en las principales ciudades españolas, donde a su vez se registran más personas en situación de calle.
Ejemplo de ello es que entre 2020 y 2022, en tan solo dos años, el número de personas sin hogar mayores de 18 años que fueron atendidas en centros especializados para esta situación se haya visto incrementado un 22%. Así, el pasado año, 21.684 adultos sin hogar acudieron a centros de alojamiento, quedando descontada de la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) los menores de 18 años. El 20% de estos centros atendió exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo, el 7,2% a mujeres víctimas de violencia de género y el 72,8% restante no estaba especializado o atendía otra especialización.
De los 1.175 centros, 914 ofrecieron servicios de alojamiento, 494 servicios de restauración, 400 servicios ocupacionales y/o educativos y 127 realizaron intervenciones en calle. Sin embargo, los más preocupantes es que del total, la mayoría de centros estén en manos privadas, no tanto por el servicio que dan, sino por el desentendimiento público.
Concretamente, el 23,7% de los centros eran de titularidad pública en 2022 y el 76,3% eran privados, situación que se invierte en el caso de los centros especializados en atención a mujeres víctimas de violencia de género (61,2% frente a 38,8%). No obstante, el 83,8% de los centros fueron financiados única o predominantemente por las Administraciones Públicas.
Temporalidad de los trabajadores
Otro problema que se presenta en estos centros es la precariedad de los trabajadores que desempeñan en ellos su actividad laboral. A parte de los voluntarios, un 49,5% eran asalariados y el 5,9% tenía otro tipo de vinculación (personal subcontratado, estudiante en prácticas, religioso, etc.). Más allá de que casi la mitad de la plantilla esté compuesta por voluntarios (44,6%), el dato que más evidencia esta situación es que, del total de trabajadores, el 43% tenía en 2022 una relación contractual a tiempo completo y un 57% a tiempo parcial.
Considerando simultáneamente el tipo de vinculación laboral y la dedicación, la mayor parte de los recursos humanos de los centros estuvo constituida por personal voluntario a tiempo parcial (41,2% del total), lo que evidencia el problema de gestión laboral en este ámbito. El segundo grupo más predominante está compuesto por asalariados a tiempo completo (36,3%), que deberían suponer una mayoría amplia.
Más capacidad y más plazas ocupadas
De la estadística publicada este martes por el organismo estadístico, un total de 914 centros ofrecieron alojamiento en 2022, un 15,4% más que en 2020. La capacidad media de la red de alojamiento fue de 26.690 plazas diarias, siendo el 35,8% de titularidad pública y el 64,2% privada. El número medio diario de plazas ocupadas por mayores de 18 años fue de 21.684, lo que supuso una ocupación media del 81,2%. De estas plazas, el 32,8% estuvieron ocupadas por mujeres. Una década atrás, el número de plazas ofertadas era de 16.334 y se ocupaban 14.038.
Por tipo de alojamiento, en pisos o apartamentos se alojaron 7.921 personas de media (2.887 mujeres) y en centros colectivos 13.763 (4.219 mujeres). En lo que se refiere al equipamiento, el 49,3% de los centros colectivos disponía de habitaciones individuales y el 19,7% de habitaciones destinadas a familias.
En el 98,6% de estos centros se podían recargar aparatos electrónicos, en el 85,1% se podía recibir correspondencia, en el 84,2% se podían recibir llamadas telefónicas, en el 83,3% la persona colaboraba en las tareas del centro, en el 77,3% se podían empadronar, el 62,8% tenía instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, en el 50,2% podían recibir visitas y al 14% se podía acudir acompañado de alguna mascota.
