La pandemia del coronavirus ha afectado gravemente a empresas, trabajadores y autónomos por la incapacidad para poder trabajar a consecuencia de las medidas que se han decretado para frenar el avance del virus. Por ello, el Gobierno ha formulado normas y ayudas para proteger a los sectores más afectados, entre los que se encuentran los autónomos, que han podido optar a ayudas económicas y fiscales.

Desde el 14 de abril hasta el 14 de diciembre de 2020 se han destinado más de 4.600 millones de euros a autónomos por cese de actividad a los autónomos, concretamente un total de  4.624.212.538,56 euros según datos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y órganos gestores de la prestación. A esta cantidad se suman otros 11.711.563,67 del Instituto Social de la Marina (ISM) a los trabajadores autónomos del Régimen Especial de Mar. Con estos fondos se ha conseguido proteger a más de 1,4 millones de estos trabajadores.

Más de la mitad de estos 4.600 millones de euros ha ido a parar a cuatro comunidades autónomas del territorio nacional. Andalucía, la que más recibe, con 818,2 millones de euros; seguida por Cataluña, con 775,8 millones; Madrid, con 614,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 515 millones.

“Que los autónomos españoles tengan derecho a una prestación salarial por no poder trabajar es una medida histórica en España, donde este sector nunca había recibido ayuda económica del Estado”, valora en declaraciones a ElPlural.com Miguel Ángel Heredia, senador socialista por Málaga. También resalta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido como prioridad en esta crisis “proteger a las personas y a los trabajadores, mientras que en la anterior crisis, la prioridad para el PP fue proteger a los bancos”.

Recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llegado a un acuerdo con las principales asociaciones de autónomos para extender estas ayudas por cese de actividad hasta el 31 de mayo​, lo que supone una tercera prórroga de la prestación. También se ha trabajado en la ampliación del bono eléctrico para pymes y autónomos, el aplazamiento del pago de impuestos o la puesta en marcha de líneas de avales del ICO para garantizar el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo. Además de la suspensión hasta mayo de la subida de cuotas de autónomos y la rebaja del 75 al 50% las pérdidas para pedir la ayuda por cese de actividad.