Una de las consecuencias más relevantes del escándalo Bárcenas reside en la evidencia pública del bloqueo al que está sometido el Parlamento español desde el comienzo de la presente Legislatura. La incapacidad de los representantes de los ciudadanos para forzar la comparecencia del Presidente del Gobierno cuando resulta claramente imprescindible demuestra las serias limitaciones de nuestro sistema político. La mayor parte de los españoles reclaman explicaciones y responsabilidades por un caso de corrupción que afecta a la cúpula de nuestras instituciones democráticas, con grave repercusión internacional, pero el Congreso no puede obligar al Gobierno ni tan siquiera a dar la cara. Algo no funciona.

De hecho, el bloqueo del Parlamento no se limita a sus funciones de control. Efectivamente, la tarea de control se encuentra limitada drásticamente por el veto constante ejercido por la mayoría gubernamental en la Mesa del Congreso. El PP evita incomodidades al Presidente por el caso Bárcenas, como ha venido haciendo durante el último año y medio con la mayor parte de los ministros afectados por irregularidades o protagonistas de medidas impopulares. Las preguntas, interpelaciones o propuestas de los grupos parlamentarios en las comisiones se reducen a la mínima expresión, y se administran en el calendario conforme a los intereses estrictos del Gobierno. Incluso las respuestas a las simples preguntas escritas o las solicitudes ordinarias de información se demoran inexplicablemente o se formulan de manera provocadoramente simple.

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