En los últimos días, la justicia alemana y española se han enviado varios mensajes y críticas sobre la liberación de Carles Puigdemont. La última, llega desde el Tribunal Supremo, que no ha dudado en criticar la resolución de un tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el procés y adelantó su probable negativa a entregar a Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión.

El Supremo avala la decisión del juez Pablo Llarena de imputar al expresident de la Generalitat por un delito de rebelión. Entienden que sí hubo rebelión porque era el Govern el que tenía el poder. Por ello, aquilatan el concepto del delito de rebelión y concretan que cuando ésta es dirigida por personas que ostentan el poder en una comunidad autónoma, se genera la suficiente presión sobre el Estado como para que no sea necesaria la concurrencia de la violencia que se considera imprescindible en otros casos de rebelión.

En otras palabras, al haber sido supuestamente fomentado por personas que estaban en cargos de poder, no es imprescindible que haya violencia explícita para que sea un delito de gravedad. Así lo dicen tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Y asegura que “en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución”. Y especifica: no se trata de una "rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder", sino de personas que ya estaban en el poder incentivando esa rebelión. Los responsables "ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma".

Y recuerdan, también se podría hablar de un delito de sedición, delito que se les podría imputar a Puigdemont y el resto de detenidos por el procés en el caso de quedar descartada la existencia de violencia.

Así, rebate los argumentos del tribunal alemán en cuyas manos está la resolución de la euroorden dictada contra Carles Puigdemont. Para Alemania la clave está en si existió o no violencia.