El pasado jueves 5 de abril, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza de 70.000 euros mientras estudia la entrega. Para concretarse, los juzgados alemanes deberán dilucidar si el líder independentista incurrió en un delito de malversación de caudales públicos, tal y como le atribuye el juez Pablo Llarena. Por definición, para que tal delito existiera Puigdemont debería haber destinado erario público al procés y, además, considerar que tal fin es ajeno a la función que debiera darse al dinero público. En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha exonerado al expresident Puigdemont.
En una entrevista en El Mundo, Montoro ha sido tajante:
“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”
Dado que Alemania ha tumbado el delito de rebelión al no observar los elementos de violencia que sí percibió el magistrado Llarena, para concretarse la extradición, la justicia alemana deberá atribuir a Puigdemont el delito de malversación. Siguiendo una ecuación lógica, para que tal delito se haya producido, se debe de haber destinado dinero público al procés. No obstante, Montoro ha asegurado que esta premisa, fundamental y esencial, no se ha producido.
Desde la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decretara libertad provisional para Puigdemont, su defensa prepara un informe para rebatir el delito de malversación. Y como caídas del cielo, las declaraciones de Montoro pueden ser utilizadas en su contra, ya que los abogados del expresident están traduciendo al aleman las declaraciones de Montoro para citarlas como parte del argumentario para negar la existencia de un delito de malversación. La pregunta es: ¿Ha ayudado Montoro a Puigdemont?
