Carles Puigdemont está remasterizando desde Bruselas y a toda prisa las históricas instituciones catalanas. Hay que suavizar la derrota que le han infringido la unilateralidad del Tribunal Constitucional y la pasividad impuesta por Roger Torrent a la Mesa del Parlament. No habrá ninguna investidura legal para el diputado Puigdemont que se conformará con la presidencia de una entidad privada con sede en Bélgica y con una denominación lo más rimbombante posible para dar lustre y credibilidad a su posición de fugado. Será el presidente privado de la Cataluña independentista.

Puigdemont será el presidente privado de la Cataluña independentista. La presidencia de la Generalitat será ocupada por un mandado y ahora se pelea por el control del dinero de JxC

La cuestión más sensible de esta innovación es que el presidente de esta asociación no se conforma con el reconocimiento simbólico de su persona, dado que en su día fue cesado de la presidencia de la Generalitat de malas maneras por los autores del 155. Puigdemont pretende convertir al auténtico presidente del gobierno catalán en un mandado de su superior criterio, atribuyéndose el derecho a señalar al candidato (al fin y al cabo él también fue designado a dedo por el anterior presidente, Artur Mas) y reservándose el aval político a las decisiones estratégicas que vayan a tomarse formalmente en el Palau de la Generalitat.

Para redondear esta construcción de una Cataluña política hecha a medida de una circunstancia personal, hay que dar con un candidato a ser presidente público, efectivo y electo, pero mandado, de la Generalitat. No todos los diputados valen para eso, aunque hay cola para hacerse con el cargo. Sin embargo, la estrategia divulgada a todo el mundo, pasa por una fase previa antes de llegar a la designación de l’encarregat del govern (el capataz de la empresa), se trata de elegir a un presidente susceptible de ser inhabilitado a corto plazo en un intento de socavar un poco más la credibilidad democrática del estado español. Un pulso sucesivo al estado de cara a la galería internacional que bien pudiera acabar con un 155 renovado y ampliado, extremo más bien positivo para la internacionalización del conflicto buscada por Puigdemont y Anna Gabriel.

Este es un plan fabuloso pensado para la mitad de los catalanes, aquella mitad que parece necesitar del subministro periódico de vitaminas movilizadoras aunque sea en formato de mentiras piadosas. Las numerosas declaraciones de sus líderes aceptando descaradamente haber engañado a todos durante el peligroso mes de octubre han causado evidente incomodidad en las filas soberanistas; los propagandistas de la causa lo intentan neutralizar de inmediato con una sencilla explicación: qué otra cosa pueden hacer los perseguidos por el estado que decirle lo que éste quiere oír. Cualquiera otra reacción implicaría aceptar como inútil el sacrificio de los encarcelados por una simple exageración política y simbólica.

Si cuajó la fábula de octubre, también lo hará entre los convencidos la del oasis belga de legitimidad, refugio del alma la Generalitat auténtica, como Tarradellas guardó el corazón de Macià durante su exilio verdadero.  Y finalmente, el Palau de la Generalitat tendrá un nuevo inquilino, de no romperse las negociaciones entre JxC, ERC y PDeCAT por culpa del dinero. Lo simbólico ayuda al ego político a sobrevivir pero las presidencias privadas de asociaciones republicanas destinadas a la publicitación internacional de la batalla independentista exigen financiación contante y sonante. Una parte será de carácter privado; la otra, ya existe: 4 millones de euros que le corresponden a JxC por su éxito electoral. El control de este dinero está en disputa entre el grupo parlamentario dirigido por Puigdemont y el PDeCAT, impulsor legal de la candidatura y muy necesitado de ingresos para sustentar su renovación como partido.

En el fondo de la larga negociación está la sospecha del fin último del operativo belga y la asignación exigida tras la pancarta de la legitimidad: la creación de una plataforma electoral alternativa a republicanos y a jóvenes ex convergentes. Con tanto recelo entre negociadores no es de extrañar que la formación del gobierno y su programa hayan quedado relegados para más tarde.