La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha realizado en Cataluña una macrooperación contra el presunto desvío de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona a entidades dedicadas a la cooperación al desarrollo. Ha habido 30 detenidos, que han sido liberados después de los registros a los que han asistido. La investigación se centra en el período 2012-2015.
El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, dirigido por el magistrado Joaquín Aguirre, investiga desde hace más de un año un entramado por el cual se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades. La denuncia llegó anónimamente. Después, la CUP y el sindicato CGT también denunciaron las irregularidades.
La policía ha detenido al expresidente de la Diputación Salvador Esteve (CiU), el alcalde de Tordera y diputado provincial, Joan Carles Garcia Cañizares (PDeCAT), y Jordi Castells, el exresponsable de cooperación durante el mandato de Esteve en la Diputación i al exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas.
En el marco de esta causa el magistrado ha acordado la práctica de una veintena de entradas y registros para hoy, tanto en domicilios particulares, como de depednencias oficiales de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat así com de las empresas implicadas.
La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.
Todo indica que la mayoría de las acciones investigadas estarían centradas en CATMón, dirigida por Terradellas. Esta organización no tiene ahora actividad, pero estuvo vinculada a la fundación de CDC, CATDem.
Las investigaciones están centradas al averiguar el destino final de determinadas subvenciones de la Diputación de Barcelona que se tendrían que haber destinado a la cooperación internacional, como proyectos de aguas y recogidas de residuos en zonas desfavorecidas. No obstante, según las primeras estimaciones de la UDEF, al menos dos millones de euros nunca llegaron a estos proyectos solidarios sino que sirvieron para el lucro personal.
El TSJC atribuye al entramado un fraude "mínimo" de dos millones de euros y no hace referencia a conexiones con el proceso independentista, por más que fuentes policiales destaquen que varios de los implicados tienen un "fuerte compromiso independentista". La investigación está centrada en el período 2012-2015.
Las empresas investigadas son CATMón, Discatimat, Fundació Igman, Disseny i Sostenibilitat, Fundació Utopia, Fundació Plataforma Educativa, Fundación Empresa y Clima, Sestrategic, Konsector, la patronal Pimec y su director de relaciones internacionales Joaquim Ferrer Serra, Fundación Universitaria Iberoamericana, IGFA y Voltia Solutions. Todos los adminsitradores de estas empresas han sido retenidos mientras se realizaban los registros, tanto en las sedes sociales como en domicilios particulares.
Sólo cinco de los 30 detenidos pasarán mañana viernes a disposición judicial. Se trata del alcalde de Tordera y diputado provincial Garcia Cañizares; de Jordi Castells, actual subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat; Víctor Terradelles, presidente y de la Fundació CATmón y Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC hasta 2014.
