La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, institución independiente que fiscaliza las cuentas de la Generalitat y de sus organismos y corporaciones locales dependientes, ha publicado en los últimos días el informe de auditoría de cumplimiento de legalidad en la contratación de la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2023. Más allá de que el órgano constata que “en la mayoría de los expedientes revisados las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y la adscripción de medios presentan importantes incidencias”; también se refiere a la DANA.
Decenas de municipios y miles de familias se vieron golpeados por el temporal que asoló la península el 29 de octubre, dejando sus principales estragos en Valencia y alguna zona de Castilla – La Mancha. Pasado casi dos meses, los trabajos de limpieza y reconstrucción continúan e instituciones como la Sindicatura empiezan a echar cuentas. “No existe en el momento de publicar este informe una estimación fiable del coste global que representará la recuperación y reposición de todos los activos públicos y privados destruidos por la DANA, pero es seguro que el coste para la Generalitat Valenciana será cuantiosísimo”.
La institución es contundente y apunta a que esta elevada cuantía llegará tanto en forma de ayudas como de inversiones de reposición de infraestructuras. “Además de toda la inversión posterior necesaria para desarrollar medidas preventivas de cara al futuro con criterios de verdadera sostenibilidad medioambiental y resiliencia frente a la emergencia climática que ya sufrimos”, añaden, indicándole a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, cuál es el camino que debe seguir para evitar que los daños materiales, pero sobre todo personales, sean tan elevados en próximas inclemencias climatológicas.
Todas estas inversiones necesarias representarán un coste que tendrá una “repercusión muy significativa” en las cuentas futuras de la Generalitat y “tensionará, sin duda, sus Presupuestos”. Así, la Sindicatura considera que la Generalitat “debe decidir” qué medidas es necesario adoptar para mejorar la gestión futura de crisis y de su gobernanza, así como planificar las obras públicas necesarias para minimizar los desastres y apunta que “colaborará en esta tarea” realizando auditorías operativas sobre asuntos relacionados que sean de su competencia.
Asimismo, fiscalizará que las ayudas se concedan con celeridad a las personas, empresas y administraciones que lo necesiten, “cumpliendo los principios de eficacia y legalidad”, así como en cuanto a la contratación de las Inversiones necesarias para reponer las infraestructuras destruidas y anticipar desastres similares. Estas acciones se recogen en el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura para 2025. Más allá de la Generalitat, el órgano también manda una petición al Gobierno central dado que todas las actuaciones sugeridas podrían “suponer una elevada cifra de endeudamiento, si no recibe una adecuada financiación extraordinaria por parte de la Administración general del Estado”.
Problemas de financiación
Estas necesidades de inversión que agrandan el endeudamiento recupera debates relacionados con la financiación autonómica, de la que la Comunidad de Valencia suele ser salir siempre perjudicada. Así, la Sindicatura considera que el territorio tiene una elevada deuda por “la discriminación que sufre la en el sistema de financiación vigente”, por “la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas por el modelo desde 2009 y que no se vieron satisfechas por el efecto de la crisis económica” y, por último, por “el coste financiero asociado al conjunto de deuda indebida”.
Además, considera que la pugna propiciada por la condonación de la deuda, cesión para los nacionalistas catalanes, “solo” pone sobre la mesa “el resarcimiento de parte de la deuda originada por las necesidades no satisfechas por la crisis y no trata la parte de la deuda que es consecuencia de la discriminación en el modelo vigente y que sólo sufren unas pocas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunitat Valenciana”. En consecuencia, la Sindicatura insiste en la conveniencia de “implantar de inmediato un mecanismo transitorio que resuelva la infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe un nuevo modelo más justo”.
