El artículo 18 del Decreto 89/2004 que establece el Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León recoge la creación de brigadas de investigación de incendios que serán desempeñadas, señala, por ingenieros de montes, técnicos forestales y agentes medioambientales adscritos al operativo. Sin embargo, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco privatizó el año pasado ese servicio, por el que la Consejería de Medio Ambiente está pagando 209.044,98 euros para los años 2023 y 2024.
La licitación de ese contrato para la “Elaboración de informes técnicos de investigación de causas para incendios de relevancia en el territorio de la Comunidad” provocó la presentación de una queja al procurador del común de Castilla y León por parte de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la comunidad, APAMCYL, puesto que contrasta, también, con el reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales, aprobado en 2002.
No se justifica la privatización
En ese decreto figuran como propias las funciones de investigación de las causas de los incendios forestales, tarea para la que la comunidad autónoma, recuerdan en su queja estos funcionarios, “cuenta con profesionales con sobrada cualificación académica y técnica, unida a la experiencia acumulada, capaces de realizar este tipo de informes con solvencia, como así se ha demostrado en no pocas ocasiones”.
En opinión de APAMCYL, los argumentos del pliego de contratación “no justifican la privatización de un servicio que debe ser realizado por funcionarios públicos y no por una empresa privada”.
El asunto adquiere aún mayor envergadura cuando, tal y como recuerdan los agentes medioambientales en su escrito al procurador, las Cortes aprobaron en 2018 la moción M/000227-02, a propuesta de Ciudadanos, en cuyo punto 7 se hacía referencia expresa a la creación de las BIIF, de modo que APAMCYL se pregunta para qué sirven las resoluciones de las Cortes si no se llevan a efecto.
El procurador vuelve a la carga
En la respuesta a la queja de APAMCYL, presentada en enero de 2023, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el procurador del común —equivalente al defensor del pueblo en Castilla y León— señala que la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente es tan inconcreta que se ve obligado a reiterar su “Sugerencia”, formulada el 17 de abril de este año, puesto que el departamento de Juan Carlos Suárez Quiñones no aclara nada.
El procurador instaba a la Consejería en su primera comunicación a valorar el desarrollo del artículo 18 del Decreto 89/2004, para lo que sugería hacerlo en la línea de la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias que regula el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS).
Sin embargo, al más puro estilo “dónde vas, manzanas traigo”, Medio Ambiente respondió que “la estrategia que se considera más eficaz y la que se está aplicando es la de formar al mayor número posible de agentes medioambientales para que, inmediatamente después de cada incendio, puedan realizar esa investigación” en colaboración con la Guardia Civil, pero no adquiere compromiso alguno sobre la creación de las brigadas a la que obligaba la moción aprobada en las Cortes.
La Consejería de Suárez Quiñones añade que “sólo en los casos de mayor complejidad, se realizan informes ampliados de investigación en los que técnicos especialistas en investigación de incendios forestales desarrollan un trabajo de apoyo a los agentes medioambientales en el desarrollo de su función de investigación de las causas de los incendios forestales e identificación de los autores”.
La respuesta del procurador a APAMCYL concluye anunciando que “nos hemos vuelto a dirigir a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio solicitando que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de nuestra Sugerencia, aclarando su contestación inicial”.
Ni interferencias ni sesgos
Los agentes medioambientales de Castilla y León solicitaban al procurador del común la investigación del contrato y que dictara una resolución sobre la vulneración de derechos de los funcionarios públicos por el incumplimiento de la moción aprobada por el Pleno de las Cortes.
El texto expresa, claramente, en su punto 7 que “con objeto de mejorar la investigación de las causas de los incendios, crear Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, compuestas por Agentes Medioambientales con dedicación específica”.
Es por ello que APAMCYL subraya que “la organización y prestación del servicio con empleados públicos garantiza mayor independencia” y añade que “llama la atención la profusa redacción del TITULO III del pliego de condiciones contractuales sobre protección de datos y confidencialidad de la información, que parece incidir en que toda la investigación realizada de forma privada debe ser supervisada previamente por la administración dejando a los Agentes Medioambientales y a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en un plano de colaboración”. Por el contrario, finalizan, “deben de ser estos en atribución de sus competencias quienes lleven a cabo dicha investigación de forma exclusiva, sin posibilidades de interferencias ni sesgos en sus conclusiones”.
El artículo 18 cuyo desarrollo reclama el procurador del común no deja lugar a dudas: las funciones asignadas a las BIIF, señala literalmente, serán desempeñadas por Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales y Agentes Medioambientales y/o Forestales adscritos al Operativo, y especifica, entre ellas, “determinar en todos los incendios la causa por la que se ha producido e investigar el origen, motivación y posible autoría en aquellos que se precise, analizar los informes de investigación de causas recibidos y colaborar en su culminación, colaborar cuando sea necesario en el planimetrado y determinación del grado de afección de las superficies quemadas y elaborar el informe técnico correspondiente sobre el incendio, incidiendo especialmente en la causalidad del mismo, tratando de determinar el origen o personas que lo han provocado”.
