Miguel Delgado, pescador que lidera la batalla contra la Xunta de Galicia y Alberto Núñez Feijóo, denuncia una persecución por parte de altos cargos del organismo público de la comunidad autónoma y el entorno del ahora presidente del PP por las denuncias que tanto él como la plataforma que encabeza -Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero (PLADESEMAPESGA)- han interpuesto contra los populares. Entre sus denuncias destacan las que incluyen la "mansión ilegal" que la mujer de Feijóo, Eva Cárdenas, acaba de adquirir en Moaña o la petición de imputación contra la tía de Alfonso Rueda -el actual presidente de la Xunta-, quien está colocada al frente de una fundación dedicada a prevenir la contaminación de los mares, con 60.000 euros de sueldo, pero que desapareció durante la crisis de los pellets en las costas gallegas.
"Persecución indiscriminada" que se extiende en el tiempo
En declaraciones a ElPlural.com, Delgado sitúa el origen de las amenazas en 2016, año en el que denuncia webs del PP. Desde aquel momento, señala, empezó a ser víctima de un “acoso indiscriminado” que se extiende en el tiempo hasta nuestros días, con “más de 18 querellas” hacia su persona y persecución judicial, asegura, contra familiares suyos. “El medio de comunicación que ostento lo pagó un hermano mío que estaba en Canarias, al que demandaron por responsabilidad subsidiaria sin tener nada que ver con el caso que yo estaba denunciando y le exigieron declarar a pesar de que se había advertido de que estaba en la UCI de un hospital”, relata como ejemplo.
A raíz de ahí, cuenta en conversación con este medio, han montado “dominios webs donde solo tienen contenido hacia su persona” y le han denunciado por “injurias y calumnias”. Incluso, apostilla, le llegaron a pedir 150.000 euros tras la publicación de ciertas informaciones. En este maremágnum de encontronazos judiciales, los jueces le habrían dado la razón a Delgado respecto de los delitos anteriormente mencionados y se la habrían quitado en otros que tienen que ver con el derecho al honor de las personas implicadas que aparecen en los escritos que él y su plataforma denuncian. En algunas ocasiones, apostilla, ha apelado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De hecho, una de estas situaciones se ha “admitido a trámite” y “está en curso” actualmente.
La plataforma de pescadores que lidera Delgado ha ganado relevancia en los últimos meses por su lucha judicial contra varios casos de abusos en Galicia. Uno de los más recientes es su ofensiva contra la presunta "mansión ilegal" que acaba de adquirir la esposa de Alberto Núñez Feijóo. Eva Cárdenas ha sumado recientemente a su abultado patrimonio una mansión situada en una finca de 700 metros cuadrados de la que hace ya tiempo se había encaprichado el líder del PP. Esta finca cuenta con una amplia bodega, un puerto propio y una casa de piedra con dos plantas y cinco habitaciones, valorado todo en 675.000 euros. Además de denunciar la presunta ilegalidad de las obras realizadas en la mansión y la posible "captación ilegal de agua", la plataforma reclama que se le corte "de forma inmediata la luz, el agua y el alcantarillado”.
"Estamos censurados"
El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero (PLADESEMAPESGA) lamenta que ha sufrido actos que “no solo atentan contra su integridad”, sino que representan “un grave ataque a los principios fundamentales de la democracia y la libertad de expresión”. El protagonista de estas líneas subraya que este acoso se manifiesta de distintas formas y no solamente le afecta a él, sino que es un modus operandi habitual -pone como ejemplo más inmediato el acoso a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez- que experimentan también “científicos, activistas, periodistas y comunidades locales” por condenar presuntas actividades que irían en detrimento -también- del medio ambiente (véanse pelotazos urbanísticos, sobreexplotación de recursos, contaminación por plásticos o similares). “Nosotros estamos censurados para que ningún medio nos dé voz”, lamenta.
“El acoso instalado no solo afecta a los individuos, sino que tiene repercusiones más amplias que pasan por el silenciamiento y la autocensura, y es que el miedo a represalias puede llevar a que muchos se autocensuren y eviten denunciar problemas ambientales, casos de posible corrupción o métodos ilegales”, deja claro, haciendo énfasis en la “desconfianza en las instituciones” que provoca para medios de comunicación o ciudadanía el hecho de tener conocimiento de un caso y no denunciarlo por temor a represalias.
Como medidas concretas, pide una “legislación protectora que se aplique con un jurado independiente”, “fortalecer y aplicar sin excusas las leyes que protegen a los denunciantes y garantizan su seguridad” a través de “medidas legales que prevengan y castiguen el acoso y las represalias”. Asimismo, se refiere a “redes de apoyo en redes sociales” y a la “necesidad de protección y apoyo” que, afea, “solo encuentra en instituciones como la OLAF o el Tribunal Europeo”: “Es imprescindible crear y fortalecer redes de apoyo entre organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y comunidades locales que puedan proporcionar respaldo”.
Llamada a la sociedad en su conjunto
En la misma dirección, llama a la actuación de la sociedad en su conjunto “junto con las autoridades y organizaciones internacionales de manera decidida para proteger la libertad de prensa y asegurar que estos actos no queden impunes como está sucediendo en los juzgados de Santiago de Compostela”, en alusión al espacio en el que se está desarrollando ese “acoso” que denuncia. “Es imperativo que la sociedad en su conjunto, junto con las autoridades y organizaciones internacionales, actúen de manera inmediata (…) Es la única salida bajo una más que dudosa democracia”, estima.
Delgado lamenta así ser objeto de una serie de demandas “judiciales infundadas y malintencionadas” cuyo “único propósito ha sido entorpecer y silenciar sus investigaciones” y señala como culpables de esta toma de decisiones a personas del entorno de Feijóo contra las que -también contra el propio Feijóo- se posiciona el responsable primero de PLADESEMAPESGA. “Utilizan todas las herramientas bajo el silencio judicial afirmando que carecen de fundamento legal sólido y apelan a la intimidación y desgaste”, dicta, emplazando a ponerle coto a esta forma de actuar.
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