La ley de amnistía ya está publicada en el BOE. Desde este martes, 11 de junio, la herramienta de gracia para los encausados en el procés forma parte de nuestra historia y entra en vigor de pleno derecho. Carles Puigdemont, como muchos otros, limpian su expediente delictivo y acaban de esta forma con un largo camino de chantajes, fugas, órdenes de busca y captura, peticiones de extradición y toda suerte de intentos por traer a España a quien, otrora, se prometió recuperar del extranjero; a quien, otrora, en vez de socio de Gobierno fue enemigo declarado de la nación.
Ahora las cosas han cambiado. Algunos dirán que es porque la situación en Cataluña es menos tensa, el diálogo equilibra la crisis institucional y únicamente desde la concordia se podrá avanzar en el apretón de manos entre Gobierno y Generalitat. El ejemplo de que se camina en la dirección correcta, afirmarán convencidas estas mismas voces, son los resultados de las elecciones catalanas: el PSC ganando y el independentismo fuera de toda aritmética para investir president a Puigdemont."Esta ley ha sido una pieza fundamental para el cierre de una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana. La norma ya ha demostrado su utilidad a la hora de abrir una nueva etapa de encuentro, diálogo y prioridades compartidas que la sociedad catalana consagró en las urnas el 12 de mayo y ratificó el pasado domingo", indican fuentes socialistas.
Otros, en cambio, calificarán la amnistía como una traición, una nueva cesión de quien exclusivamente ha puesto en marcha esta herramienta porque necesita los siete votos de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. "Imaginad nuestra sorpresa", contestan irónicamente desde el PP, deteniéndose en la caprichosa publicación de la amnistía en el BOE apenas dos días de la celebración de las elecciones europeas. "La página más negra del sanchismo ya está en el BOE", remacha Miguel Tellado, portavoz popular en la Cámara Baja.
Independientemente, sea por convicción o por necesidad, la ley de amnistía -o Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña- entra en vigor este mismo martes con un texto rubricado en el Boletín Oficial del Estado que deja muy claro a los jueces que no caben trampas, puertas traseras o maniobras para impedir su aplicación.
Los jueces tienen dos meses para aplicar la norma: no obstante, tal y como fija el redactado, algunas medidas son de carácter “inmediato”. Entre ellas, figuran el alzamiento de las órdenes de busca y captura, las órdenes de ingreso en prisión, las de detención -bien sean nacionales, europeas o internacionales- y cualquier medida cautelas impuesta contra los beneficiarios de la ley.
Alcance de la medida
La ley de amnistía liberará de antecedentes a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, según los pronósticos y cálculos del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La gracia comprende a todas las personas que "hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017, que se hubiesen realizado entre el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023".
"La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables", prosigue el redactado.
El camino de la aprobación de la ley no ha sido sencillo. Tras ser registrada por el PSOE, en solitario, el pasado 13 de noviembre, ha habido que esperar siete meses para que el proceso parlamentario dictara sentencia. Fue la semana pasada cuando el marcador de resultados de la Cámara Baja iluminó con más verdes que rojos el Congreso de los Diputados, reuniendo 177 síes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Una suma, la de la investidura, que se ha convertido en tónica habitual de la resistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fueron los artífices de que Francina Armengol se hiciese con la presidencia de la Mesa del Congreso recién arrancada la legislatura. Fueron los mismos que favorecieron la inclusión de las lenguas cooficiales en la casa de la soberanía nacional, los que otorgaron su confianza para que Sánchez renovase su contrato de residencia en La Moncloa, los que otorgan cierta estabilidad -que nunca es completa- al calendario legislativo que emana del Consejo de Ministros.
En el horizonte, dos incógnitas: la primera, el fallo del Tribunal Supremo, que deberá dictaminar si la malversación es amnistiable, algo que podría dejar a Puigdemont fuera de la ecuación. La segunda, analizar si esta ley será elevada a la justicia europea, lo cual podría dilatar aún más los tiempos de aplicación de la herramienta.
El independentismo empieza a formalizar sus peticiones
Desde bien temprano, casi coincidiendo en tiempo con la publicación de la amnistía en el Boletín Oficial del Estado, se ha producido un alud de peticiones de políticos independentistas que han aprovechado la ratificación de la ley para pedir que se les aplique. Ha sido el caso, por ejemplo, de los 37 encausados de ERC por el procés, incluido Oriol Junqueras.
El republicano no es el único rostro conocido que ha demandado que su expediente quede intacto. Otros ejemplos de renombre, por ejemplo, han sido Jordi Turull y Josep Rull. La defensa del segundo, recien elegido presdient del Parlament, ha pedido aplicarle la amnistía para borrar sus antecedentes penales. Y es que, según Rull, tener antecedentes penales provoca consecuencias como que tengan problemas a la hora de viajar a países como Estados Unidos: "Tanto Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y yo, que tenemos penas extinguidas, tenemos antecedentes penales muy graves que nos dificulta la posibilidad de viajar a determinados países".
Turull, por su parte, ha reclamado la amnistía a través de un escrito al Supremo en el que se especifica que su condena por malversación cumple el requisito de que no haya existido intención de enriquecerse, algo que respalda en la propia sentencia que lo condenó.
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