La cita de la primera protesta del año, a las puertas de las Cortes, es el día 21 de este mismo mes de marzo. Esa tarde, con la primavera, también vuelven a la carga los profesionales del sector forestal, el, cada día, más ‘quemado’ operativo de extinción de incendios de Castilla y León, cuyos técnicos y agentes medioambientales se concentrarán, convocados por CCOO, UGT, CSIF y USCAL, contra el “decretazo” planteado por la Consejería de Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez Quiñones, que consideran “un retroceso absoluto”.

Pero no es sólo ese decreto: tampoco el convenio que afecta al colectivo del personal laboral propio de la Junta de Castilla y León, ni el que afecta a las condiciones de los bomberos que trabajan en las subcontratas a las que recurre el departamento de Quiñones parecen, a juicio de los trabajadores del operativo, llevar camino de solucionar la precariedad contra la que clamaban los bomberos el pasado verano y se lleva años clamando.

Guardias 24 horas para los mandos

La Consejería de Medio Ambiente ha provocado el inicio de la rebelión de sus mandos presentando en la Mesa General de Función Pública un Decreto-Ley de “medidas urgentes” que modifican la Ley de Función Pública para dar respuesta a la necesaria y urgente contratación de personal para el Operativo de Incendios y el establecimiento de un sistema de guardias en periodo de peligro bajo para personal público, técnicos y agentes medioambientales.

El decreto establece un “servicio de alerta localizada por incendios forestales” que afecta a ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes medioambientales y celadores, y supone que el personal técnico esté “localizado telefónicamente 24 horas con respuesta inmediata” para atender consultas y desplazarse al centro de mando en media hora, como máximo, en caso de incendio forestal.

Los agentes medioambientales y celadores también tendrán que estar localizados y disponibles para incorporarse en media hora a una eventual extinción, donde se les indique, fuera de su jornada laboral ordinaria. Las retribuciones oscilan entre los 56 y 120 euros al día, dependiendo de categorías profesionales y días, festivos o no.

Quiñones da marcha atrás

Ante la inmediata respuesta al anuncio, es decir, la convocatoria de la concentración ante las Cortes el día 21, Quiñones se apresuró a convocar a los sindicatos, de nuevo, ayer, martes, y explicó, según los asistentes a la reunión, que el decreto es sólo “una aproximación y que aún está pendiente de informes de otras consejerías”.

Los hombres de Quiñones argumentaron que lo que se pretende es acelerar las contrataciones de efectivos, que se dilatan hasta 7 meses, porque la actual norma que regula las bolsas de empleo no responde con la celeridad que se necesita, algo que “no se pueden permitir”, y, mientras tanto, organizar los efectivos que tienen en temporada baja.

Las protestas sindicales contra un decreto que consideran “un retroceso absoluto en las condiciones laborales y retributivas”, que, afirman, “hace recaer en los trabajadores públicos la incapacidad de la Consejería para establecer un Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, obligan a Quiñones a comprometerse a paralizar el decreto e iniciar una negociación en una Mesa Técnica sectorial específica de Medio Ambiente con carácter urgente.

Recorte de derechos en el convenio

Pero el descontento no termina en los funcionarios del Operativo. El convenio colectivo del personal laboral propio de la Junta de Castilla y León que se plantea, también eleva voces críticas.

El texto de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso ElPlural.com, afecta a las categorías de operador del centro de mando, conductores de autobomba, vigilantes en las torres de incendios, y los propios bomberos (‘peones de montes y extinción’, se les llama, negándoles, de nuevo, la categoría profesional).

La propuesta de convenio sigue hablando de personal a tiempo completo y fijos discontinuos, “para la realización de trabajos de naturaleza estacional”, de modo que sortea abordar el compromiso de transformar paulatinamente todos los puestos en fijos, sin establecer el calendario para hacerlo, y, según fuentes de estos colectivos, en lugar de un avance, es un texto restrictivo de derechos respecto a las condiciones laborales generales del resto de personal laboral de la Junta de Castilla y León (empleados en los ámbitos de educación o servicios sociales).

La propuesta de convenio sigue considerando “periodo ordinario” los meses de julio, agosto y septiembre, y se reserva “los llamamientos extraordinarios que considere oportunos” en caso de riesgo de incendios, primero, llamando a los fijos discontinuos y después, al personal temporal, si bien, especifica que la prestación del servicio será de carácter voluntario, y si no se consiguiera cubrir los puestos, se utilizarán los “sistemas de cobertura establecidos”.

Complementos de 60 euros

Las retribuciones con las que la Junta acomete la “campaña especial de extinción de incendios” en función de una movilización de las autobombas para acudir a extinguir incendios y conatos, han levantado ampollas en el colectivo.

El complemento para la prestación “extraordinaria”, y voluntaria, de funciones de extinción durante todo el año que correspondería a las autobombas fuera de su jornada ordinaria lo fija la propuesta en 60,63 euros “por unidad completa de actuación”. Para quienes se inscriban como voluntarios en la campaña especial, que tendrán que estar localizables y acudir a su puesto en 45 minutos, la retribución será de 66,10 euros al mes.

El texto restringe, además, el concurso de traslados abierto y permanente a sólo dos veces al año. Asimismo, con respecto a los operadores de los centros de mando, plantea limitar su derecho a descansar un fin de semana de cada dos, garantizándolo sólo uno de cada cuatro.

Por último, no se prevé el cobro de horas extraordinarias para el personal de base de incendios forestales, que se compensará con tiempo de descanso.

Quedan fuera del convenio los trabajadores de las empresas privadas a las que la Junta adjudica cuadrillas de tierra y helitransportadas, que se rigen por el convenio colectivo del Sector Forestal de Castilla y León, la mayoría de los cuales dejaron de trabajar a finales del verano pasado.

El PSOE, a la carga en las Cortes

Los incendios forestales han regresado, también, a las Cortes, en el último Pleno. En respuesta a una pregunta de la procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, el propio Quiñones ha negado haber dicho que mantener el dispositivo de incendios todo el año es un despilfarro, frase con la que tituló una entrevista realizada al consejero un medio local.

La procuradora socialista se refirió, también, al famoso ‘decretazo’ que devolverá las protestas a las puertas del hemiciclo. “No conocen la vergüenza. Si la conocieran, retiraría el decreto y se iría a su casa”, dijo, afirmando que “no solo no mejora las condiciones laborales y retributivas de los extraordinarios profesionales que se juegan la vida en primera línea de fuego, sino que los humilla y desprecia de forma indignante.”

Sánchez denunció, además, que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que a fecha de hoy no tiene actualizado y equipado el operativo de lucha contra los incendios forestales que debería haber aprobado el 1 de enero para acceder a la cofinanciación del 50% recogida en la primera Ley de bomberos forestales y agentes medioambientales del Gobierno de España que mejora, en el ámbito de sus competencias, las condiciones laborales de estos colectivos.